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Público.es
19 Dic 2007
Por Lidia Falcón

En la calle se oían los gritos de los bebés que estaban asesinando. Y luego los destrozaban en unas “trituradoras”. Unos entendidos comensales de la mesa de al lado del restaurante repetían este relato de horror frankensteiniano. Similares descripciones de las terribles matanzas de bebés que se practicaban en las clínicas del Dr. Morín están en boca de ciudadanos que jamás tuvieron información alguna sobre el tema.

Hace más de un mes que en Barcelona están en prisión tres médicos, uno de ellos Carlos Morín, por el cierre y registro ordenado por el Juzgado de las clínicas ginecológicas en las que trabajaban. Semanas después han cerrado dos clínicas en Madrid. Ahora son siete médicos más los que se hallan detenidos en Barcelona. Esa descripción de los asesinatos de niños triturados en una máquina –sólo falta que añadan que se hacían albóndigas después– en una semblanza del triunfo de la muerte de Brueghel, ofrecida con morbosa y deleitada pasión por una prensa especialmente dedicada a negarles a las mujeres todo derecho al progreso, persigue el efecto –conseguido– de estremecer a una ciudadanía desinformada y supersticiosa.

Los 200.000 abortos que se practican en España cada año son un número muy modesto en comparación con las cifras de Europa, ya que la práctica sanitaria en los países avanzados alcanza a muchos más casos que los que se permiten en nuestro país. Como a ello se une la más absoluta desidia de nuestros gobiernos en la prevención y educación anticonceptiva, con un alarmante aumento de embarazos de adolescentes, tenemos unas cifras tercermundistas de madres niñas, de fetos inviables y de trastornos psiquiátricos en mujeres, producidos por las dificultades que el sistema sanitario español impone. El 90% de los abortos se practica durante los primeros tres meses de embarazo y el 10% restante se reparte entre las graves malformaciones del feto y las violaciones. Los inquisidores que persiguen toda libertad humana y especialmente la de las mujeres mienten cuando afirman que en las clínicas del Dr. Morín se eliminaban los fetos de ocho meses, mienten cuando relatan los horrores que se complacen en describir, como si hubiese un sector de mujeres y de médicos en España que disfrutan sádicamente, ellas ofreciendo su propio cuerpo a semejantes peligrosas manipulaciones y ellos acometiendo una labor que puede llevarlos a prisión, como ya se ha visto. Y mienten con éxito porque se lo permiten los juzgados y los fiscales de la misma línea ideológica que los ultra-reaccionarios que denunciaron, porque los medios de comunicación que son sus compinches les sirven de altavoces, y porque el Gobierno, deseoso de contentar a los dirigentes de la Iglesia católica, se inhibe cobardemente de su deber de proteger a las mujeres y a los médicos.

El Gobierno de Felipe González permitió la objeción de conciencia de los profesionales sin ningún tipo de control. Desde entonces y con la indiferencia del Gobierno actual, se ha conseguido la utilización perversa del derecho a la objeción de conciencia de los médicos y sanitarios de la sanidad pública, de modo que muchos se niegan a practicarlo en los hospitales mientras lo realizan en su consulta privada. El 3% de los abortos se practica en la sanidad pública, mientras el 97% restante ha de hacerse en las clínicas privadas. Éste es el único sector de la sanidad que no ofrece a las ciudadanas la atención debida en los hospitales de su competencia. De tal modo se ha conseguido muy eficazmente privatizar el aborto, en varias comunidades incluso con cargo al erario público, en vez de despedir de los departamentos de ginecología a los médicos que no quieren atender esta especialidad y garantizar con los profesionales adecuados la continuidad del servicio. De igual manera podían permitir que un Testigo de Jehová estuviese al cargo de las transfusiones de sangre. Todas estas anomalías, en un país que se jacta de estar en el octavo nivel de desarrollo mundial, serían impensables en la Europa desarrollada a la que tanto queremos parecernos. Incluso las católicas Bélgica y Portugal ya han aprobado unos plazos dentro de los cuales una mujer puede pedir la interrupción de su embarazo sin tener que dar interminables explicaciones sobre su vida privada, ni ser sometida a los exámenes e interrogatorios obligatorios hoy, que la convierten en una delincuente.

Ni el Partido Socialista ni las mujeres que lo dirigen y dicen ser feministas han aprobado en 20 años una legislación realmente moderna, eliminando esa tacha de infamia que significa ser un delito. Al mismo tiempo, la dejación de la lucha por el aborto por parte del Movimiento Feminista, absolutamente desinteresado de este tema desde hace 20 años y convertido en cómplice del Gobierno socialista, ha permitido que la derecha desencadene esta ofensiva contra las mujeres y su futuro y les causará nuevamente numerosos sufrimientos.

Los médicos que hoy están en prisión ayudaron a las mujeres en los años anteriores a la legalización a viajar a Londres y a Amsterdam, y después practicaron gratuitamente muchos abortos a las mujeres que no podían pagarlos. Hoy no ha habido ninguna respuesta por parte del Movimiento Feminista a esta persecución que les ha afectado a ellos en primer lugar, pero que sin duda avanzará contra todas nosotras en breve, cumpliendo la profecía de Brecht, y entonces no sabremos qué hacer. Si el Movimiento Feminista no responde a esta nueva guerra de los reaccionarios y enemigos, demostrará que el movimiento ha muerto, como algunas de nosotras hemos denunciado desde hace tiempo. Éste será el tiempo más oscuro del feminismo en nuestro país.

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