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elPeriódico.com
3 Mar 2008
Por Lidia Falcón
 

A los partidos políticos se les ha descontrolado la violencia machista. Ellos, que debían creer tenerla controlada, que no habían hecho ninguna mención al tema ni en sus mítines ni en sus debates –ni el PP ni el PSOE ni IU han introducido modificaciones a la ley de violencia en su programa electoral–, se han encontrado en plena campaña con que los asesinos, en dos días, les han echado en las tribunas los cadáveres de cuatro mujeres y les han dejado dos más heridas, una en estado grave. Con ellas tenemos 17 víctimas en 57 días, que son cinco más que las que se han producido en Tijuana, la ciudad mexicana que posee el primer lugar del ranking de asesinadas.

Cuando desde hace casi dos años algunas asociaciones feministas redactamos y publicamos un estudio sobre la ley de violencia y los problemas con que se tropezaba en su aplicación, y lo enviamos a todas las instituciones relacionadas con el tema, recibimos una agria respuesta de algunas de las responsables, como Soledad Murillo, secretaria de Estado de Igualdad, y Montserrat Comas, del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, respuesta que esta última publicó hace pocos meses en este periódico.

En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene la redacción legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado –que, cuando se trata de otras jurisdicciones, como la laboral, no se aplican desde hace 100 años– que obligan a esperar a la denunciante un tiempo interminable para ver dirimida su denuncia en los tribunales.

La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, con lo cual no existe unificación de criterio ni de doctrina –lo que provoca la inseguridad jurídica de las víctimas–, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral, de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas: el 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilización de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas, cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto de ley que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

Si a estas carencias añadimos que ni se ha dotado de los medios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados ni disponen de personal adecuado por su preparación, por la endémica falta de dotación presupuestaria, que es la enfermedad crónica de la justicia, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.

Para disculparse, políticos y jueces han repetido que solo una de las cuatro asesinadas tenía una orden de alejamiento –como si el asesinato de una sola fuese despreciable– y que otras dos no habían denunciado. No se hace hincapié en el caso de la cuarta, contra la cual se había dictado una orden de alejamiento del marido a instancias de este. Algún día habrá que escribir sobre las denuncias falsas de los agresores para contrarrestar las acciones judiciales de sus víctimas, ya que tanto se habla de las denuncias falsas de las mujeres. Los responsables institucionales repiten que, si no se denuncia, es imposible conocer los problemas. La jueza de violencia de Madrid, Raimunda de Peñafort, insistía asegurando tanto que la ley era suficiente como que su aplicación en los juzgados era absolutamente correcta. Resulta incomprensible que esas políticas y jueces no sepan que las mujeres no denuncian porque no confían en la justicia.

Aparte del problema de dependencia económica del marido, con el que pueden enfrentarse las denunciantes, la más grave dependencia, además de la familiar, es la del miedo. El miedo, y muy fundado, al agresor, que cuando sepa de la iniciativa de la que él considera su esclava para liberarse, tomará sangrienta venganza. Y la rebelde no contará entonces más que con sus propias fuerzas, porque no la protegerán ni la policía, que no tiene medios, ni el juzgado, que tardará interminables días o meses o años en resolver su caso, y que nunca –salvo si está muerta– dicta prisión contra el agresor.

En esas condiciones, ¿quién se atreve a denunciar? ¡Qué fácil es aconsejar cuando el que lo hace no se encuentra en la misma situación! ¿Por qué tiene la víctima que refugiarse en una casa de acogida con sus hijos, abandonando su hogar, su trabajo, los familiares, los amigos, y los niños el colegio, mientras el agresor sigue en libertad? ¿Por qué no se dicta la prisión preventiva contra él, que es mucho más barato que proteger a la mujer permanentemente?

Espero que, en lo que resta de campaña, los partidos nos den la respuesta a estas preguntas.

 

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