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1 Jun 2007
Por Lidia Falcón

cuando la mayoría de los ediles y los consejeros recién elegidos están ya sentados en sus escaños -algunos llevan ocupándolos decenas de años- y se disponen a proseguir su gestión, el ciudadano medio se pregunta qué será de lo suyo y qué será de lo nuevo que vaya a suceder. El desánimo que nos invade se ha reflejado con nitidez meridiana en la abstención media -en Catalunya y especialmente en Barcelona con escandalosa evidencia-, porque sabemos que detrás de las promesas y de los pomposos mítines no hay más que más de lo mismo: muchos impuestos y pocas soluciones, sobre todo, para los más necesitados: mujeres maltratadas, viudas mayores, personas sin trabajo, viejos que apenas sobreviven de pensiones miserables en pisos ruinosos… Dramáticas situaciones a las que tiene que dar solución una legislación decimonónica apenas maquillada por insuficientes y torpes reformas realizadas por los legislativos de la democracia, sin verdadero ánimo de cortar con los regímenes anteriores, y que se concreta para el contribuyente en una burocracia irracional que pocas veces le resuelve su problema.

Se dice, y repite, que los caudales municipales no son suficientes para sufragar las innumerables necesidades de los ciudadanos, argumento utilizado sobre todo para pedirle al gobierno del Estado mayor proporción en los impuestos generales, pero todos los contribuyentes vemos cómo nuestros ediles invierten en fastos perfectamente prescindibles: olimpiadas, carreras de coches, ferias, exposiciones, monumentos, remodelación de plazas y avenidas -que ya eran hermosas antes de las reformas y que suelen quedar peor después de éstas-, mientras que a las solicitudes de que arreglen las goteras de nuestros tejados, instalen guarderías infantiles y hogares para ancianos, doten de centros culturales los barrios, nos responden que no tienen presupuesto.

Mientras el 48% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, los planes de remodelación de las ciudades, con derribo de inmuebles de los que se traslada a sus ocupantes como si de ganado se tratara, para realizar grandes obras de diseño que únicamente les gustan a sus arquitectos y a los ediles que los contratan, consumen la mayor parte del erario municipal y autonómico. Nuestros gobernantes padecen el síndrome faraónico, porque todas las ciudades españolas se han dotado de edificios llamados emblemáticos, algunos francamente horrorosos y todos superfluos, que deben legar a la posteridad la fama de sus promotores, como las pirámides hicieron del Egipto antiguo. Únicamente los ingenuos creíamos que la democracia era el sistema que a la inversa del modo de producción asiático, se preocupaba antes del bienestar de los ciudadanos que de asegurar a sus gobernantes la posteridad.

Si los votantes hubiesen exigido a sus gobernantes que cumpliesen los mandatos electorales, y después de las primeras elecciones hubieran hecho el recuento de las escuelas que no se han instalado, de las plazas de hospitales que no existen, de las viviendas sociales que no se han construido, y en razón de su incumplimiento los hubiesen demandado o al menos no votado, quizá tendríamos alguna esperanza de reformar nuestro sistema. Pero la complacencia con que unos sectores sociales aceptan las falsedades de sus elegidos, sin reproche ni duda, en la siguiente consulta electoral, y la abulia y la apatía con que otros soportan las injusticias, permite la perpetuación del sistema, que en realidad no es más que el mantenimiento de los intereses de las clases dominantes, como hace tiempo nos enseñaron nuestros maestros.

Resulta altamente deprimente saber que los concejales y consejeros de varias ciudades y comunidades, implicados en numerosos casos de corrupción, han vuelto a salir elegidos, incluso con más votos que antes. Al parecer los españoles piensan que esos personajes se merecen un premio por haber sido más listos que nadie al tener éxito en la difícil tarea de acumular un generoso patrimonio. En nuestro país está arraigada la idea de que quien no sabe hacerse rico es tonto, y que cualquiera repetiría la hazaña de sus gobernantes corruptos si pudiera.

Hubo un tiempo -ya remoto- en que la esperanza de un cambio profundo en nuestra sociedad podía echar raíces. Cuando la II República se quiso implantar en el país una ética de los valores humanos y una democracia genuinamente popular, pero ya sabemos que perdimos la guerra y, con la dictadura, hasta la vida. Lo más lamentable es que con la democracia hemos perdido el honor.

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