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elPeriódico.com
4 Mayo 2007
Por Lidia Falcón

Las últimas peripecias sufridas por los más altos tribunales del Estado (Audiencia Nacional, Supremo y Constitucional) han ofrecido a la ciudadanía una representación más bien esperpéntica de nuestra justicia. Que los magistrados de la sala correspondiente de la Audiencia se dispusieran a otorgar la libertad provisional a Iñaki de Juana Chaos y el resto de los magistrados organizaran una asamblea para evitarlo; que el fiscal de la Audiencia solicitara primero 97 años de prisión contra el mismo acusado por haber escrito un artículo amenazante en un periódico, que más tarde modificara la petición rebajándola a 17, que la sala lo condenara a 12 y que el Supremo rebajara la pena a 3 –hay que añadir que, en esta última sentencia, cinco magistrados emitieron votos particulares: dos a favor de la absolución y tres por una condena de siete años—; que el Constitucional recuse a un magistrado y se niegue a hacerlo con otro por la misma causa deja perplejo a todo aquel que confíe en nuestro Estado de derecho.

Numerosos comentaristas muy autorizados han dicho que precisamente la capacidad que tiene la justicia de rectificar sus propias decisiones iniciales, que, por el contrario, no suele encontrarse ni en el poder legislativo ni en el ejecutivo, es una de las grandezas de aquel, que constituye el pilar fundamental de la garantía de la seguridad jurídica que todo ciudadano tiene el derecho de exigir a su Estado.

Pero muy conformista se ha de ser para aceptar plácidamente tal criterio. Los vaivenes que agitan las decisiones de los fiscales y de los magistrados no pueden dejar a nadie tranquilo. Se supone que los doctos jueces que se sientan en los más altos estrados de la magistratura conocen perfectamente las leyes que deben aplicar, así como la jurisprudencia emitida con anterioridad a su decisión, y que además se les ha escogido por su probada objetividad e imparcialidad en el ejercicio de tan comprometida función. Por tanto, que sea tan justo condenar a un acusado a 97 años de prisión como a tres por el mismo delito no lo entiende nadie. Como tampoco es admisible que las querellas internas de los componentes de esos tribunales, en razón de los intereses partidistas que defienden, les lleven a discrepar con tanta disparidad en sus dictámenes jurídicos.

Pero lo cierto, que nunca sale a la luz pública, es que una de las graves carencias de nuestro sistema judicial es la falta de seguridad jurídica que estamos viviendo en los últimos años. En parte debido a las constantes modificaciones legislativas impuestas por un afán normativo desenfrenado de nuestros diputados, en otra a la evidente desinformación de los legisladores sobre la sociedad a la que someten a sus disposiciones, y finalmente a los prejuicios ideológicos de los jueces que deben aplicar las leyes. El resultado es que en España se dictan diariamente miles de resoluciones, por cientos de juzgados, que son contradictorias entre sí. Es imposible pronosticar a un cliente el resultado de un procedimiento a partir de las pruebas y evidencias de que se disponga, porque la resolución judicial dependerá fundamentalmente de la ideología tanto política como moral que defiendan el juez y el fiscal, de la biografía de estos e incluso del buen o mal humor que padezcan en el momento de tomar la decisión. Sobre todo en los casos de divorcio, custodia de menores y violencia contra la mujer.

Algunas de estas resoluciones han salido a la luz pública, ante el escándalo social que provocan. Sentencias que afirman que no existe ensañamiento en el asesinato de la mujer que recibe 70 puñaladas; que niegan el delito de violación porque la víctima no opuso la suficiente resistencia, ya que le pidió un vaso de agua a su violador; calificaciones fiscales de abusos sexuales, en lugar de violación, de niños de 1 a 5 años, incluso cuando fueron sodomizados, porque no existió intimidación o violencia. Mientras en otros casos, esos que no se publican, tanto el fiscal como el juez estiman con más rigor el delito y aplican la ley en un grado mayor.

Casos en los que ni se atienden las declaraciones de los testigos y peritos y se dictan sentencias afirmando simplemente que no son creíbles, y otros en los que iguales pruebas se tienen en cuenta. Procesos civiles en los que el fiscal no comparece, como establece la ley, porque el juzgado se halla sobrecargado de asuntos, y otros en los que el juzgador se niega a practicar ninguna prueba si el fiscal no está presente. Todos los que se hallan familiarizados con la administración de justicia conocen las arbitrariedades y contradicciones que se producen en los diferentes juzgados, e incluso en las resoluciones de las audiencias, cuando comparan unos casos con otros, unas sentencias con otras, unos incidentes con otros.

La falta de unificación de criterios entre los diferentes juzgados, audiencias y jurisdicciones produce en el ciudadano la convicción de que se halla bajo el arbitrio de profesionales impulsados por sus creencias ideológicas y de poca estabilidad emocional. Condiciones que hacen injusta a la justicia.

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