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26 Junio 2009
Por Lidia Falcón

Tenía 23 años cuando me licencié en Derecho. Pi i Sunyer era en aquel momento el decano del Colegio de Abogados, y Federico de Valenciano, Condomines, Roda Ventura y Octavio Pérez Vitoria eran, entre otros, los más señalados e ilustres representantes de la abogacía de Barcelona. Los más jóvenes tenían 20 años más que yo, y los veteranos como Pi i Sunyer, superviviente de la persecución franquista y el exilio, más de 30. Eran expertos reconocidos internacionalmente por su dedicación al estudio y el ejercicio del derecho, llevaban décadas de trabajo en sus prestigiosos bufetes y constituían la flor y nata de la abogacía española.
Pues bien, a una ignorante y aturdida abogada como era yo, apenas conocedora de la profunda ciencia jurídica que ellos dominaban, me trataban de compañera, me hablaban con toda la cortesía que exigían las normas de las relaciones entre letrados, se ponían al teléfono cuando les llamaba, me contestaban las cartas, me recibían en su despacho cuando se lo pedía, y el decano estaba siempre disponible cuando acudía a hacerle alguna consulta sin haberle solicitado cita previa. La elegancia era la más notable de sus virtudes. Y, por supuesto, yo correspondía mostrándome educada y agradecida por su deferencia, aprendiendo de ellos el sutil arte de saber defender al cliente sin perder la buena relación con el adversario.

Hoy, en que he alcanzado más edad que la que tenían aquellas figuras de la abogacía cuando comencé, los letrados y, ¡ay!, también las letradas, recién colegiadas, me tratan con desdén e incluso con agresividad incomprensibles. Desde hace unos años, siete concretamente en que he regresado a Barcelona para reincorporarme al despacho que mantengo desde hace 49, he podido constatar que las relaciones entre abogados están marcadas por la desconsideración, cuando no por la grosería, con excelentes excepciones, por supuesto, que por serlo son más extraordinarias. En general, no es sorprendente que la llamada sea contestada con impaciencia o antipatía, que sea imposible comenzar las conversaciones precisas para intentar alcanzar un acuerdo porque las negativas y a veces la agresividad se imponen sobre la comprensión y la simpatía. Y es más desagradable el trato cuanto más joven es el abogado.

Al mismo tiempo, las trabas burocráticas se han impuesto en nuestro colegio de forma incomprensible y absolutamente innecesaria y perturbadora de la vida colegial. Para ver a la decana o a algún diputado es preciso enviar e-mails, pedir citas, esperar largos días. Mejor no pretender tener una conversación directa con ninguno de ellos, el correo electrónico es ahora casi el único medio de comunicación, y la cordialidad, el deseo de resolver el problema del compañero, de, incluso, departir tranquilamente sobre las cuestiones de actualidad que nos afectaban que regían las entrevistas que sostenía habitualmente con los decanos y los diputados que conocí durante más de tres décadas, han desaparecido. Como si se encontrara uno ante el muro de la Administración de justicia –y bueno será hablar de ella– que establece las rígidas normas y las distancias siderales en el trato con los ciudadanos, la relación con los directivos del colegio está ahora organizada por estrictas reglas que hay que cumplir. Escritos, ratificaciones, peticiones formales, ningún contacto personal, alguna llamada que atiende una secretaria y esperar a veces hasta meses para resolver cualquier consulta que se formaliza en una resolución escrita con todos los requisitos de una sentencia.
Pero no escribiría este artículo si se tratara de un fenómeno restringido al ámbito de la abogacía para no parecer que estoy hablando únicamente del círculo selecto y minoritario de mi profesión. En todos los aspectos de la vida cotidiana se ha impuesto la hosquedad, la antipatía, la falta de acercamiento al otro, la arrogancia que lleva a tratar con desdén a todos los demás. Sobre todo cuando el uno tiene menos de 30 años.
Desde la dependienta de un comercio a la telefonista de una empresa, desde el camarero de un restaurante al conductor de un autobús, hasta la funcionaria de Hacienda que se atreve a gritar al contribuyente que le paga su sueldo, sobre todo si es inmigrante –y en este sector de trabajadores no se ha notado el cambio de la dictadura a la democracia–, se ha construido una sociedad agresiva que ve al compañero, al vecino, al otro, en definitiva, si no como su enemigo –en el caso de los inmigrantes, muy cerca de eso– como una molestia. ¿Qué nos está pasando?

El individualismo, la competencia feroz triunfante en todos los órdenes de la vida que han impuesto las doctrinas liberales a ultranza, no solo nos han conducido a esa suicida escalada por la fabricación de cosas, el consumo, el gasto, el despilfarro y la estafa monumental de los grandes consorcios, que perversamente se considera desarrollo, sino también a disolver el sentido de lo colectivo, de lo solidario, de la convivencia agradable entre todos. Es la lucha de cada uno contra todos los demás para salvarse de lo más temido: el fracaso. Y, además, hemos maleducado a nuestros niños, por eso de jóvenes no saben comportarse con elegancia.

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