elPeriódico.com
25 Ago 2009
Por Lidia Falcón

Francina Ribas, querida amiga que ha cumplido 88 años a pesar de haber sido víctima de todas las desgracias que han azotado nuestro país –y que sufre las consecuencias de todas ellas: viuda de Antonio Campos, coronel de la República, guerrillero en la Resistencia francesa, héroe de la lucha contra los nazis y encarcelado después en su patria durante 24 largos años en el pudridero de presos políticos que fue el penal de Burgos–, ya que ni la enfermedad ni la miseria ni la represión política la perdonaron, se encuentra casi inmovilizada en su casa, víctima de varios infartos, de una insuficiencia respiratoria producida por el traumático neumotórax a que la sometieron cuando era joven y otros achaques provocados por la mala alimentación y el mucho trabajo.
Vive sola, porque la dictadura no le permitió reunirse con su marido antes de que el reloj biológico la incapacitara para tener hijos y, en el aislamiento y la indiferencia en que se mantiene hoy en día a los ancianos en nuestro egoísta país, no tiene más ayuda que las pocas horas que una asistenta que acude a su domicilio le dedica.

Durante un tiempo pagó 39 euros mensuales para que la Cruz Roja le prestara el servicio de teleasistencia mediante el cual, en alguna ocasión, pudieron auxiliarla en una de sus crisis, pero ahora la Cruz Roja dice que no tiene voluntarios y ha dejado de ser abonada. La asistenta del ambulatorio de la Seguridad Social lo ha tramitado con el Ayuntamiento de Barcelona, pero le han contestado que hay muchas solicitudes y que ahora no tienen presupuesto.
Intentó hace años ir a una residencia privada, de precio nada modesto, y se encontró alojada con otra anciana ciega que gemía toda la noche sin que nadie la atendiera y comiendo una bazofia que les servían de un cátering. Solicitar una plaza en una residencia pública es esperar a que el siglo haya pasado sobre ella para, si lograra sobrevivir, acabar atada a la cama y maltratada por las empleadas eventuales de la empresa privada que gestiona los servicios públicos.
Mientras tanto, la otra noche, víctima de otro ataque de corazón y sin saber a quién pedir ayuda, llamó a la policía, que acudió pronto pero que no pudo abrir la puerta mientras ella se encontraba paralizada en la cama, y hubo que recurrir a los bomberos para que descerrajaran la cerradura de la puerta. Mi gran temor es que un día ni siquiera le lleguen las fuerzas para llamar por teléfono y solo los vecinos se aperciban de su silencio cuando lleve tiempo muerta. A veces sospecho que el ayuntamiento también espera ese final, que le resolvería el problema y que, de tanto en tanto, le acontece a un anciano en nuestra ciudad.

Estas tristes reflexiones me tenían ajena a mi realidad exterior mientras me dirigía hacia la estación de Sants cuando tropezamos –el taxista y yo– con las barreras, difícilmente salvables, de los agujeros, las vallas y las excavadoras que cubren la avenida de Roma, como si un terremoto hubiese destrozado la topografía original. Ante mi disgusto, el conductor me informó de que esas obras formaban parte del plan del Gobierno de conceder a los ayuntamientos fondos para ofrecer empleos a los parados con el fin de amenguar el paro.

A mi memoria acudieron inmediatamente las informaciones de prensa sobre los miles de niños que cada curso se ubican en barracones para que no se queden sin plaza escolar, pero mi informador no podía explicarme por qué en vez de levantar calles y aceras y avenidas, que a mí me parecían perfectamente útiles y en buen estado, no se dedicaban esos fondos a construir nuevas escuelas.
Tampoco pudo dar respuesta a mi impertinente pregunta de por qué no se dedicaban los parados de la construcción a edificar los ambulatorios que reclaman cada año los vecinos de varios barrios y que nunca reciben satisfacción.

Los fondos dedicados a planes paliativos del desempleo, que nos azota con especial gravedad este año –aunque siempre ha sido endémico en nuestro país, que no tiene estructura económica para asumir el empleo de toda la gente útil para el trabajo–, se han invertido en obras públicas. Pero solo en la reforma de calles, aceras, plazas y avenidas, muchas de las cuales no necesitaban ningún arreglo, mas no en la construcción de escuelas, de hospitales, de ambulatorios, de residencias de ancianos, de centros de acogida para mujeres maltratadas, drogadictos, menores conflictivos…
La obra pública en España desde Primo de Rivera –con el efímero paréntesis de la República– se ha centrado en carreteras y calles. La escuela y la asistencia social son las cenicientas de la atención de nuestros gobernantes. Según la información de hoy mismo, se necesitan en este momento 350.000 enfermeras en todo el país, mientras los maestros están desbordados de trabajo, son trasladados continuamente de un colegio a otro y las guarderías infantiles, que fueron la principal reivindicación de las madres durante la dictadura, siguen siendo un servicio inalcanzable setenta años más tarde, al igual que los campamentos de verano y la asistencia a los mayores. Como mi amiga Francina Ribas, que morirá sola en casa sin que ninguna sensibilidad pública se sienta concernida.
Menos mal que tendremos unas preciosas aceras en la avenida de Roma.

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