Público.es
27 Oct 2009
Lidia Falcón

La manifestación del sábado 17 de octubre contra la nueva Ley del Aborto –magnificada por ciertos medios de comunicación– parece que ha tenido más éxito del que le atribuíamos, a tenor de lo que informa la prensa católica, que asegura que el Gobierno debe modificar el proyecto que está a punto de aprobarse. Después de que el PP reclamara su retirada para atender a lo que denominan “el clamor de la calle”, ya sabíamos que tanto para el PP como para los medios afines, de 250.000 a 480.000 manifestantes deben imponer su criterio a los 13 o 14 millones de votantes que reúnen los partidos a la izquierda del PP y que apoyan decididamente la reforma que ahora se plantea. Pero, ciertamente, no puedo imaginar que para el Ejecutivo del PSOE sea también determinante lo que grite en la calle una manifestación de votantes del PP.

En España, la hipocresía y las contradicciones del PP son tan evidentes que siempre me asombro de que puedan defenderlas con la seguridad con que lo hacen, a veces a voz en grito. Cuando el PP gobernaba y la oposición se manifestó contra las decisiones injustas que tomaba, contestaron, arrogantes y desafiantes, que éramos pancarteros; cuando son ellos los que organizan la protesta, esta debe ser escuchada y debe prevalecer sobre las decisiones del Parlamento. Durante los ocho años del desdichado Gobierno de Aznar no se puso en cuestión la Ley de 1983 y esta fue refrendada por el Tribunal Constitucional en 1985, por lo que a su amparo se practicaron en España más de medio millón de abortos ante la mirada distraída –y también complaciente, porque muchos de los que siguen el ideario del PP acudieron a las clínicas privadas a realizar un aborto– de los gobernantes de derecha. Cuando los populares exigen consenso para llevar adelante las reformas legales que plantea el PSOE quiere decir que el Ejecutivo siga sus planteamientos, pero cuando el PP gobernó no hizo más que reírse de las peticiones de la oposición.

Esta conducta, por más inaceptable que sea, se ha instalado en esta derecha ultramontana que es la oposición política en España. Ningún país democrático y avanzado se ha planteado nuevamente la polémica sobre el derecho de la mujer a escoger su maternidad, después de 30 años de que se diese por zanjada. Ni los países católicos como Francia, Bélgica, e incluso Italia, donde reside el Papa, ni los protestantes, como los nórdicos y el Reino Unido, Alemania u Holanda, se plantean hoy restringir la posibilidad legal de que las mujeres interrumpan su embarazo voluntariamente en unos plazos que en algunos de esos países son más generosos que los que se contemplan en la nueva ley española. No hacen con ello más que cumplir la solicitud de los millones de mujeres que hemos exigido que se nos reconozca ese derecho –y que sin duda somos más que las que se oponen–, así como el mandato de la Organización Mundial de la Salud, que pide a los gobiernos que legalicen el aborto y que este se practique en los hospitales públicos como cualquier otra intervención sanitaria para evitar los millones de muertes y enfermedades invalidantes que sufren las mujeres en los países donde el aborto está prohibido y tienen que proporcionárselo en condiciones insalubres y clandestinas.

La agresividad y los insultos que nos propinan los dirigentes del PP a los que apoyamos el derecho al aborto –ayudados por Convergència i Unió, partido pilotado, como todo el mundo sabe, por el Opus– serían impensables en la campaña política de la derecha civilizada europea. Nadie puede imaginar a Sarkozy planteando una ley para ilegalizar el aborto y gritando desaforadamente al frente de una manifestación en compañía de obispos y organizaciones de ultraderecha. Quizá los partidos al estilo de Le Pen lo hagan, aunque yo no lo he sabido a través de nuestros medios, pero tales se consideran ultras, filonazis, xenófobos y toda la gama de tendencias fascistas que siguen existiendo en esta maltratada Europa, y que como la hidra de siete cabezas renace después de las masacres con que asolaron el continente –casi siempre por la complacencia y la permisividad de los partidos democráticos–.

Así, las ingentes cantidades de dinero que se le entregan a la Iglesia católica española por parte del Gobierno, en vez de calmar su furia, como supongo pretendían Zapatero y Fernández de la Vega –darle carne a la fiera para que estuviera saciada– han servido para financiar las campañas y manifestaciones contra el matrimonio homosexual, la asignatura de Educación para la Ciudadanía y el aborto.

El PP presume de ser hoy la única derecha democrática del país, que se enseñorea en varias regiones españolas y se considera la única alternativa al Gobierno del PSOE, pero esto sucede porque ha incorporado en su seno a las facciones de ultraderecha que, aparte de esos minúsculos grupúsculos que se presentan a elecciones con el nombre de Falange, no se atreven a separarse de la casa madre para mostrarse claramente y sin tapujos a la opinión pública reclamándole su voto.

Desde la Transición política no se han decidido a formar partidos de un ideario claramente fascista porque el sagaz cálculo de esas opciones les dice que sólo pueden tener poder al abrigo del gran paraguas del PP –también quiero creer que porque en España el fascismo no tiene posibilidades de gobernar, como sucedió antes de la Guerra Civil– y porque los “demócratas” populares no les hacen ascos a esas facciones de facciosos. Pero lo que los demás no podemos consentir, empezando por el Gobierno, es que todavía en España las ideas franquistas se impongan impidiendo el avance de los derechos de la mujer. Eso es lo que espero que no suceda en el inminente debate de la Ley del Aborto.

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