elPeriódico.com
1 Feb 2010
Por Lidia Falcón

Las declaraciones del juez de Sevilla Francisco Serrano contra la ley de violencia de género han venido a apoyar la campaña desatada por asociaciones y colectivos de hombres que rechazan las medidas protectoras a favor de las víctimas de la violencia machista, a pesar de que la ley ya ha obtenido el aprobado del Tribunal Constitucional. Como asegura el juez Serrano, los activistas de la defensa masculina afirman estar discriminados por un sistema legal injusto, producto de «la dictadura del feminismo radical» que, al parecer, se ha implantado en nuestro país. Denuncian que miles de hombres están en la cárcel acusados falsamente por mujeres que obtienen enormes ventajas en el proceso de divorcio, en el cual ellos han perdido la vivienda y la custodia de los hijos y se han visto obligados a pagar pensiones desorbitadas. Expresan de tal modo la indignación que tal situación les produce, que casi justifican los feminicidios que se cometen periódicamente en nuestro país.

Al fin y al cabo, dicen, no se puede provocar tanto a un hombre sin que este, en defensa de sus derechos y de su hombría, no acabe respondiendo violentamente. Incluso un indignado ciudadano llamaba a Radio Nacional para asegurar que en el 2009 habían muerto 30 hombres a manos de su mujer, sin que nos explicara cómo los medios de comunicación, todos de acuerdo, han ocultado noticias tan escandalosas. Lo que no se dice es que los miembros de esas organizaciones han sido denunciados o condenados por violencia machista. En más de un programa de televisión he tenido que soportar las agresiones verbales de esos individuos que se declaraban víctimas de una injusta discriminación cuando fueron acusados de delitos de amenazas, insultos o golpes contra su pareja. Con gran emotividad, explicaban la enorme humillación que sufrieron al pasar una noche en la comisaría detenidos en compañía de delincuentes comunes.
Porque, para ellos, no es un delincuente el hombre que pega a su mujer; al fin y al cabo siempre se ha hecho así y de tal modo han sido estructuradas las relaciones patriarcales entre el hombre y la mujer. La indignación con que esos portavoces han acogido las medidas de protección de la ley de violencia que se han conseguido implantar tras varios decenios de indefensión de las víctimas, aún en plena era democrática, les ha impulsado a arrojar calumnias y acusaciones contra las feministas. Al punto de que el propio Serrano ha presentado una querella criminal contra algunas por las críticas que le han dirigido.
Pero lo que ni ellos ni el juez Serrano explican es que la ley mantiene las mismas garantías procesales para el denunciado que en cualquier otro caso, exigiéndole a la denunciante las pruebas indubitables del maltrato, por lo que el 55% de las denuncias se archivan sin más trámite en el juzgado. Que del 45% restante se condena aproximadamente al 70%, con lo que estas no exceden del 31,5% de todas las denuncias planteadas, y que ese 30% de absoluciones se dictan por falta de pruebas, en unos delitos que, por su propia condición, se realizan en la mayoría de los casos en el secreto del hogar común y cuando tampoco se encuentran testigos proclives a participar en el proceso. Por ello, la ONU ha declarado que «el maltrato a la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo». Por esta dificultad de la prueba, además del rechazo familiar y social y de los problemas económicos que sufren, se calcula que solo denuncian el 10% de las mujeres víctimas de violencia machista. De las 54 asesinadas en el 2009, únicamente 25 habían denunciado con anterioridad a su asesino, de lo que se infiere que ni las que solicitaron protección oficial la obtuvieron ni muchas otras, cargadas de razón, lo hacen.
Negando los malos tratos a las mujeres, acusándolas de denunciar falsamente, defendiendo a los hombres violentos, el juez Serrano está incumpliendo el mandato que por su cargo le ha encomendado la sociedad. El papel de un juez no es el de criticar la ley, sino el de aplicarla y, con sus críticas, lo que dice es que sus compañeros no saben administrar justicia. Si asegura que detienen a inocentes, no investigan los hechos, condenan sin pruebas y dictan sentencias parciales, Serrano está acusando a sus pares de prevaricación. Sería lógico esperar que los demás magistrados hubiesen hecho oír su voz en defensa de la pulcritud de su tarea.

Pero si no hemos oído las críticas de los jueces concernidos, en cambio ha sido sorprendente el número de artículos de opinión a favor de las declaraciones de Serrano. Periodistas y escritores, conocidos por sus posiciones claramente progresistas y de quienes jamás yo diría que maltratan a su mujer, han escrito largas parrafadas justificando al juez y burlándose de las críticas que ha suscitado entre las feministas. La aceptación de las tesis de Serrano por parte de tales escritores demuestra que las relaciones hombre mujer superan las ideologías políticas y están mucho más condicionadas por las normas patriarcales enraizadas en los prejuicios y sentimientos humanos. Por eso el maltrato a la mujer sigue siendo un crimen oculto.

Enlace a la fuente

Anuncios