elPeriódico.com
13 Abril 2010
Por Lidia Falcón

Pocos meses después de la inauguración de la Ciutat de la Justícia, cuya ubicación y proporciones monumentales han hecho más penosa la labor de abogados y procuradores, ya suficientemente castigados en su continuo deambular por los juzgados, los beneficios que debían esperarse de la gran inversión que ha supuesto no parecen ser tantos. Además de las dificultades de encontrar la puerta exacta del juzgado exacto a través de la peregrinación por los ascensores, demasiado sofisticados para que presten un servicio cómodo a la diversa ciudadanía que se ve obligada a utilizarlos, las proporciones de las oficinas judiciales no difieren en mucho de las viejas y ya comienzan a estar atascadas de papeles reproduciendo, como en la obra de Ionescu El nuevo inquilino la situación anterior. Cuatro oficiales por sala con sus correspondientes mesas y sillas y estanterías y expedientes, y nuevamente, perjudicados y demandados declarando sus más íntimas miserias delante de otros funcionarios y profesionales a quienes en nada les compete su vida privada. Y pocos fiscales para la labor que deben realizar, y la interminable ronda de jueces sustitutos porque no se dotan las plazas necesarias.

Como en el infierno de Dante, en la entrada de la pomposa Ciutat de la Justícia debería instalarse un letrero que ponga: Justiciable, cuando pases esta puerta, abandona toda esperanza. La justicia en nuestro país no debería ser representada por una hermosa dama, por más que tenga los ojos tapados, ataviada con una túnica blanca, sino por una pordiosera vestida de harapos, mendigando una limosna con los ojos entrecerrados por las legañas. Desde que se terminó la dictadura estoy ansiando comprobar cómo la Administración de Justicia recibe las inversiones que precisa: miles de jueces más, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de forenses y psicólogos y asistentes sociales, con una policía judicial preparada, que dispongan de las oficinas adecuadas. Año tras año se demora la verdadera innovación, restándole con una cicatería injustificable los presupuestos mínimos. Para establecer un término de comparación que apoye lo que estoy criticando, veamos que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, dispone de 59.000 jueces, con sus correspondientes auxiliares y oficinas. Sería, pues, lógico que en España, con más de la mitad de población de aquel país, tuviese 30.000. Pues bien, solo contamos con 4.700 jueces de todas las instancias: civiles, penales, contenciosos, laborales, menores, violencia contra la mujer, audiencias provinciales, tribunales superiores, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
A tal patética carencia hemos de añadir unas leyes procedimentales, heredadas del derecho romano, a las que se han hecho varios remiendos –y no muchos– que enredan los expedientes hasta convertirlos en el laberinto del Minotauro. A pesar de la mucha propaganda con que nos obsequian diariamente las campañas de los gobiernos –central y autonómico– con la difusión de las nuevas tecnologías, en la justicia se siguen utilizando los centenarios métodos de comunicación: citaciones entregadas en mano por agentes judiciales que viajan en autobús, exhortos en papel enviados por correo a otras poblaciones, por más cercanas o distantes que se encuentren; comisiones rogatorias a países extranjeros que deben llegar, primero, a Exteriores. El fax y el teléfono deben ser legitimados por el sagrado papel, y el correo electrónico no ha entrado en el lenguaje jurídico.
Está visto que el poder legislativo está demasiado ocupado para acometer seriamente la reforma de las leyes de enjuiciamiento, y que nuestros legisladores –legislatura tras legislatura– sienten pánico de cambiar el procedimiento criminal escrito y secreto –a veces, secretísimo– por el público y oral que rige en los países anglosajones, lo que permite la proliferación de sumarios escondidos a la opinión pública que amparan la corrupción de todo tipo. Y que, en cuanto a los asuntos civiles, tramitados durante interminables años, nuestros gobernantes y diputados no saben cómo salirse de los complicados y arcaicos procesos.

El resultado es que en Catalunya, no solo en Barcelona –véanse el estado de los juzgados de ciudades medianas y pueblos que disponen solo de jueces sustitutos o de un titular, que viaja diariamente por la comarca para celebrar juicios de los que no tiene noticia hasta que se sienta en el estrado–, la caótica y miserable situación de la Administración de Justicia ha provocado varias huelgas de funcionarios en los últimos años. Hasta los jueces se han declarado en huelga en toda España.
Bien es cierto que los legislativos autonómicos no pueden cambiar los procedimientos consagrados por el Congreso y el Senado, pero sí es competencia de la Conselleria de Justícia –que reclamó con tanto entusiasmo– desde la compra de mesas y ordenadores hasta el personal auxiliar. Así, las notables carencias podrían ser paliadas con inversiones que no se hacen. Negar con la rotundidad con que lo hizo Montserrat Tura que la enfermedad de la justicia se cura con dinero es querer esconder con un velo un volcán en actividad, que más tarde o temprano volverá a entrar en erupción.

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