Peligro de involución

Público.es
24 Nov 2010
Por Lidia Falcón

La diferencia entre un Estado dictatorial y un Estado democrático es la protección y el respeto que muestra hacia sus ciudadanos. Ante los asesinatos de mujeres que continuadamente se producen en España no es exagerado ni improcedente exigirle a nuestras instituciones que protejan a las víctimas. Es imaginable que si sufriéramos de 60 a 70 víctimas mortales cada año por atentados terroristas, los mecanismos de prevención y punición serían mucho más contundentes.

La Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad en el Parlamento, lo que ya permitía sospechar de su benignidad. Y así fue. Para no molestar a los sectores de la derecha machista, el Gobierno consensuó unas normas incompletas que las hacen ineficaces, a las que se unen la falta de medios que padece la Administración de Justicia. El resultado ha sido evidente. El Instituto de la Mujer admite que deben ser 2.600.000 las mujeres víctimas habituales de violencia machista, y a día de hoy sumamos 65 asesinadas, seis más que en 2009.
Pero cuando, a los casi dos años de entrada en vigor de la ley, desde el Partido Feminista presentamos el informe Hacer de los derechos realidad sobre las carencias de dicha ley y nos dirigimos a todas las instituciones que representan el Estado –el Parlamento y el Senado, el Parlament de Catalunya, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Igualdad, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, los Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo– solicitando las modificaciones necesarias, se nos negó esa posibilidad o ni siquiera se nos contestó. Nunca supe para qué había servido la Comisión de Violencia del Parlamento que estuvo reuniéndose durante un curso.

En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene el redactado legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado –que cuando se trata de otras jurisdicciones como la laboral no se aplican desde hace cien años– que obligan a esperar a la denunciante interminable tiempo para ver dirimida su denuncia en los tribunales. La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas. El 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilidad de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto que llevamos al Congreso y que fue desestimado.

Si a estas carencias legales añadimos que ni se han dotado de los medios necesarios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados, ni estos disponen de personal preparado para su misión, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.
Mas no es este el único escollo con que hemos tropezado en el camino de lograr mayor eficacia en la protección y punición del delito. Inmediatamente después de que se aprobara esa tímida ley, un sector social inició una agresiva campaña contra ella y las instituciones que tenían que hacerla cumplir, asegurando que permite que las mujeres se beneficien presentando denuncias falsas. La difusión de esta perversa acusación ha sido tan eficaz, ha estado tan bien dirigida, que en poco tiempo se dictaron normas de funcionamiento interno en los juzgados para no aceptar las denuncias “sospechosas” e investigar su veracidad. A partir de esa inflexión del criterio de la Justicia dedicada a la violencia contra la mujer, y a pesar de las negativas del Observatorio de Violencia del CGPJ sobre la veracidad de estas afirmaciones, las causas se archivan en mayor proporción, se exige mayor rigidez en las pruebas y las absoluciones se menudean, se dictan condenas más leves y las más pequeñas no se cumplen nunca y, en consecuencia, las mujeres denuncian menos. Resulta totalmente comprensible que las mujeres no confíen en la Justicia.

La involución se ha producido radicalmente con la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que afirma que la agresión contra una mujer por parte de un hombre no siempre es violencia machista, y pasa entonces a ser considerada como cualquier otra pelea entre ciudadanos. Y no digamos si ella se defiende, será condenada a la par que el maltratador. Pero, incluso después de una condena, la falta de medios hace imposible una verdadera protección de la víctima. Las famosas pulseras de alarma no se han impuesto más que en una minoría de casos, no hay personal suficiente para vigilarlas y, al estar en libertad el agresor, la intervención de la policía llega tarde cuando aquel se propone consumar el asesinato.
Y en estas condiciones, muy resumidas, aún se regaña a las mujeres porque no denuncian, logrando el objetivo perfecto para el poder: convertir a las víctimas en culpables de su propia desgracia.

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La custodia compartida no debe imponerse

elPeriódico.com
3 Nov 2010
Por Lidia Falcón

Durante la larga lucha que libramos en defensa de los derechos de la mujer, las feministas pensamos que cada nueva reforma legal y cada modificación de la conducta social era un avance irreversible en el progreso de nuestro país y en la igualdad entre los sexos. Ingenuamente no abrigamos ninguna duda sobre la irretroactividad de las derrotas que el machismo iba sumando. Por ello no imaginamos las astucias y estrategias con que nos iban a perseguir las organizaciones de hombres que siguen siendo irreductibles contra el feminismo. Astucias enormemente ingeniosas, entre las que se cuenta la reivindicación de la custodia compartida de los hijos menores en los casos de divorcio. Una reclamación insólita en un país en el que, según todas las estadísticas, la mayoría de los padres siguen sin responsabilizarse del cuidado de los niños y a los que acometen repentinamente unos irreprimibles impulsos de limpiar bebés, cocinar para ellos y atenderlos de noche en cuanto la madre plantea el divorcio.

La estrategia de reclamar que el hijo esté el mismo tiempo con el padre que con la madre, mediante el invento de que el niño se traslade periódicamente de un domicilio a otro para vivir la mitad de la semana o la mitad del mes con uno y la otra mitad con la otra, con la excusa de sentir un ataque amoroso hacia el menor nunca vivido hasta entonces, ha tenido muy rentables consecuencias para los maridos divorciados. En primer lugar se eliminan, o se reducen sensiblemente, las pensiones alimenticias de los hijos que debían pagarse a la esposa, ya que son alimentados por cada progenitor en la misma proporción de tiempo que pasan con cada uno. En segundo, y no de menos importancia, se está consiguiendo que se le exija a la mujer la división de los bienes comunes, en particular del domicilio conyugal, cuyo uso exclusivo antes se concedía por ir anejo a la custodia de los hijos, y se le adjudique al padre o se venda. En definitiva, los hombres de este jaez han convertido en un negocio la reclamación de la custodia compartida.

Pero lo más grave, que ahonda la injusticia, es que los legisladores de diversas comunidades -Aragón ha sido la primera, seguida de Catalunya y Valencia- han aprobado códigos de familia que establecen obligatoriamente la custodia compartida, incluso en los casos en que los progenitores están embarcados en una guerra sin cuartel y uno de ellos o los dos se oponen a esta medida. Por supuesto, en esta estrategia lo que no tiene importancia alguna es el bienestar del niño. Niños que viven en continuo traslado de domicilio y de habitación y que no consideran suyo más que la mochila en la que acarrean de una casa a la otra sus pequeñas pertenencias. Que se ven alejados media semana o medio mes de sus amigos, de su barrio, de todo aquello que les es familiar, para tener que adoptar otros sustitutivos durante el tiempo que están ausentes de su casa. Niños que, situados en el epicentro del maelstrom que han desencadenado sus padres, reciben sistemáticamente las presiones y las calumnias e insultos de uno u otro cónyuge contra el rival, cuyas diferencias ideológicas, culturales, de carácter, de comportamiento, han motivado precisamente la separación, puesto que si los progenitores son tan comprensivos y parecidos en gustos, no suelen separarse; y si lo hacen llegan ellos mismos a acuerdos menos lesivos para sus hijos, por lo que no hace falta imponérselos por orden judicial.

Esta perversa dinámica establecida por los legisladores y aprobada entusiásticamente por los jueces y fiscales se está imponiendo incluso a aquellas mujeres maltratadas y a sus hijos. En cumplimiento del criterio cada vez más extendido de que ya la igualdad ha nivelado la situación de ambos sexos, se impone el reparto idéntico del tiempo de convivencia del menor y de los bienes entre padre y madre, y cualquier oposición de la mujer a estas sentencias salomónicas, incluso aunque se trate de una víctima de maltrato, se pena con sucesivas denuncias, juicios de faltas, multas, e incluso la pérdida de la custodia y del régimen de visitas, situación que se está repitiendo en diversos casos.

Ha sido inútil que la Federación de Mujeres Juristas de Catalunya presentara ante el Parlament y la Generalitat un documentado informe sobre la custodia compartida, explicando ponderadamente los perniciosos efectos que tal medida tiene sobre los menores, para impedir que se aprobara en la nueva redacción del Codi de Familia. Los sabios legisladores -y también sabias legisladoras- conocen mejor que nadie, mejor que las madres, y por supuesto que las feministas que llevamos medio siglo trabajando los temas de la mujer, lo que conviene a los niños y a los padres, y en consecuencia la custodia compartida se está convirtiendo en imperativo legal, que ya casi lo es judicial. Porque el patriarcado sigue vigente -desde el feminismo apenas hemos conseguido resquebrajarlo- y su ley sigue imponiéndose, ahora que vivimos un peligroso retroceso social hacia comportamientos y valores reaccionarios, con una renovada virulencia.

Jornadas: “Las formas menos visibles de la violencia de género”

Fecha: 29 de Septiembre de 2010, 09:30 – 18:30
Lugar: Palacio Euskalduna, Bilbao
Avda. Abandoibarra, 4
Asiste(n): Directora de Atención a las Víctimas de la Violencia de Género, Mariola Serrano
Departamento: Interior
Más información: Retransmisión en directo de las Jornadas “Las formas menos visibles de la violencia de género” con interpréte de Lengua de Signos

Entrevista a Lidia Falcón y Mariola Serrano en el programa ‘Graffiti’ transmitido por Radio Euskadi a propósito de las jornadas:

http://www.fileden.com/files/2008/12/15/2225562/Audio%20Flash%20Players/player_mp3_maxi.swf

A continuación la participación de Lidia en las jornadas. (Lamentablemente aún no la suben completa)


http://www.irekia.euskadi.net/video/flowplayer-3.2.4.swf

Fuente: Irekia – Gobierno Vasco

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Fuente: Irekia – Gobierno Vasco

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Fuente: Irekia – Gobierno Vasco

Miguel Hernández y César Falcón

http://www.lidiafalcon.com
25 Mayo 2010
Por Lidia Falcón

Cuando se cumplen cien años del nacimiento de Miguel Hernández recuerdo que en la Semana Santa de 1966 Eliseo Bayo y yo sacrificamos nuestros pocos días de asueto y nos fuimos a Orihuela, que no era nuestra patria pero sí la de Miguel Hernández, porque queríamos sacarle del olvido en que la dictadura y sus corifeos pseudointelectuales lo habían hundido. Una semana que nos conmovió a quienes nos sabíamos sus versos y su triste biografía de memoria. El primer reportaje que sobre Miguel Hernández se publicó en España en aquellos peligrosos años lo escribimos nosotros y se publicó en la revista Destino de Barcelona, que entonces constituía un pequeño refugio de rojos. Visitamos la casa de sus padres, nos entrevistamos con sus hermanos y cuñadas, visitamos a los amigos que lo ayudaron y a los próceres de la ciudad que lo persiguieron, fotografiamos el colegio, la iglesia y los campos de cabras donde se forjó la infancia de Miguel. La viuda y su hijo vivían en Alicante entonces y no querían hablar con nadie, perseguidos todavía por el odio franquista. Fuimos hasta el cementerio de Alicante y el vigilante nos guió hasta su nicho que exhibía únicamente dos palabras en la lápida: Miguel Hernández, de la cual aún guardo la fotografía. Ni siquiera constaba la fecha de su muerte. A pesar del riesgo que corrimos y que desafió la revista no tuvo eco aquel trabajo. Durante este tiempo han aumentado los trabajos sobre la obra de Miguel, incluyendo la serie que se filmó en los nefastos tiempos de la televisión de Aznar, donde se le humillaba y minimizaba. Han debido de pasar cuarenta y cuatro años para que se cumpla su centenario y al fin eclosione el entusiasmo que todos sentimos por la obra y la vida de Hernández en congresos, conferencias, revistas, libros. Ninguno de ellos recoge aquella primera, valiente y novedosa aproximación a la vida del poeta y a la obra del militante comunista, que no por breve y autocensurada como correspondía al momento deja de tener su mérito.

Leo ahora el número de “La República de las Letras”, revista dirigida por Andrés Sorel, donde se recogen veinte trabajos literarios, históricos y biográficos sobre el poeta y constato que en ninguno de ellos se menciona a César Falcón, mi padre, el periodista y escritor peruano que vivió en España veinte años y luchó por la República y el socialismo invirtiendo en ello todo lo que tenía: su prestigio como intelectual, su tiempo como periodista, su libertad, que perdió en varias ocasiones, su supervivencia económica, y que concluyó finalmente en el exilio. Falcón conoció y protegió a Miguel, un muchacho era recién llegado a Madrid cuando mi padre ya había sido corresponsal de El Sol en París y en Londres, y colaboraba en Blanco y Negro, y más tarde perteneció al Comité Central del Partido Comunista. Mi padre fue director del periódico Mundo Obrero, publicó novelas, escribió obras de teatro, montó y dirigió durante varios años el “Teatro Proletario”, la versión revolucionaria de un teatro popular que nadie ponía en pie y del que se han querido olvidar todos los que hablan del teatro de aquella época, y estuvo en primera línea de fuego con el primer programa de radio que él creó con el nombre de Altavoz del Frente y que transmitía las noticias de la guerra. Ninguno de los eruditos colaboradores de “La República de las Letras” lo menciona e incluso alguno atribuye Altavoz del Frente a otro periodista.

Todavía más sorprendente es que ni aún se le mencione en la ponencia sobre los periodistas y escritores latinoamericanos que estuvieron en España durante la República y la Guerra Civil, de la que es autor Teodosio Fernández Rodríguez –al parecer especialista en la materia-, cuanto más que dedica una parte a los peruanos afincados o aún solo visitantes en nuestro país. Esa ponencia está publicada en el libro, dirigido por Julio Rodríguez Puértolas, en el que se recopilaban las participaciones de numerosos intelectuales conmemorando los aniversarios de la República, que se presentó en el Ateneo de Madrid esta primavera. No puedo decir que tal ninguneo me haya sorprendido. Exceptuando a Gonzalo Santonja que escribe sobre los autores de la República con verdadera erudición y que publicó una hermosa semblanza de César Falcón en Diario16, nadie más le cita y quizá ni siquiera le conoce.

Bien sé que el viento de muerte que se abatió sobre España mató, con la mejor gente de nuestro pueblo y de nuestra intelectualidad, también el recuerdo y envileció la historia. Pero en estos años los que dirigen esta fausta democracia de la que disfrutamos, no solo no han recuperado la memoria ni mostrado reconocimiento ni gratitud por aquellos que lucharon y murieron por construir un país que les permitiera a ellos sentarse en los sillones del Parlamento, de los gobiernos y de las cátedras, sino que han elevado a la fama y al reconocimiento a mediocres personajillos cuando no corruptos, a los que se les conceden las canonjías, los puestos de mando, los sustanciosos sueldos y los premios. Cierto es que la primera ingratitud es la del Partido Comunista que nunca ha reivindicado la figura y el papel que cumplió César Falcón durante tantos y difíciles años, pero aún los profesores e investigadores que se especializan en descubrir la verdadera y oculta historia de nuestro país no tienen derecho a ignorar que César Falcón fue uno de los intelectuales más afamados de la España de los años veinte y treinta, que dirigió periódicos y revistas, publicó cientos de artículos y reportajes, novelas y teatro, que luchó contra el fascismo invirtiendo en ello su tiempo y su libertad y que hizo más por conseguir que la democracia se implantara en nuestro país que muchos de ellos.

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Una mujer maltratada se enfrenta a una orden de desahucio

Público.es
19 Julio 2010
Por Magda Bandera

Malou M. Tashpultova, con sus hijos. Imagen de Edu BayerEl derecho a la propiedad privada prevalece por encima del derecho a proteger la familia y los niños, recogido en el artículo 39 de la Constitución española, denuncia Lidia Falcón, abogada de Malou Malokhat Tashpultova, una ciudadana danesa de 38 años, que será desahuciada mañana a las 9 de la mañana del piso donde vive con sus hijos, de 3 y 10 años. Esta traductora y educadora social se quedó en paro poco después de separarse de un marido que la maltrataba, según quedó probado en una sentencia firme.

Después de sufrir violencia de género continuada durante más de tres años, Tashpultova logró que condenaran su marido, José S. L., por maltrato. El juez le impuso una orden de alejamiento de 300 metros y un régimen de visitas que sólo le permite ver la hija de 3 años que tienen en común un día a la semana en un punto de encuentro. Poco después, se separaron y ella obtuvo la guarda y custodia de los hijos y el uso del domicilio conyugal.

Sin embargo, la pareja nunca fue titular de la casa, sino que estaba a nombre de la madre de él. La propietaria legal puso una demanda de desahucio contra Tashpultova por “vivir en precario” y el juez le ha dado la razón.

Orden incumplida

“Ha reclamado la casa, a pesar de que tiene varias propiedades y no la necesita”, remarca la abogada. Para empezar, el ex marido de Tashpultova vive en otro piso de su familia, situado en la misma calle, a tan sólo cuatro portales. “Es decir, que se incumple la orden de alejamiento”, añade Falcón.

El hombre, que ayer por teléfono se negó a hablar con este diario alegando que estaba fuera de Barcelona, tampoco ha pagado nunca la pensión de alimentos, aunque desde hace tres meses le han embargado el subsidio de desempleo y su hija puede recibir la paga a la que tiene derecho. “Él podría haber pagado si hubiera querido”, asegura Tashpultova, “porque trabaja en un negocio familiar y le dan dinero en negro”. Ella perdió el trabajo “porque no podía dormir y estaba desconcentrada. Me hacían la vida imposible”, dice.

Por ese motivo, esta danesa de origen uzbeko se refugió en una casa de acogida en 2008. “Pero la cerraron al cabo de dos meses y entonces empezaron a enviarnos a hostales. Cada día a uno diferente. Esto no es vida para los niños, el grande ni siquiera podía ir al colegio”, explica.

Finalmente, un día llamó a su ex suegra para pedirle que la dejara ir al piso para coger ropa y objetos. “Cuando llegué me gritó y empezó a tirar cosas por el balcón. Llamé al juzgado de guardia y me dijeron que no dejara el piso, que tenía derecho a quedarme, según la sentencia de la separación. Yo no estaba interesada en el piso, sólo quería estar tranquila “. De hecho, ha pedido ayuda al Departamento de Vivienda de la Generalitat para poder irse.

Su ex marido sufre, además, un trastorno mental, asegura Tashpultova. Una orden judicial ha pedido que sea evaluado por el servicio clínica médico forense del juzgado para ver su imputabilidad, recuerda la abogada.

Encontrar trabajo

Tashpultova se ha planteado volver a Dinamarca, pero teme que haya consecuencias si aleja la niña de su padre. Como mínimo, se siente más acompañada desde octubre, cuando su madre se trasladó a Barcelona para vivir con ella y ayudarla con sus hijos. “Necesitaba algún tipo de apoyo. Ni siquiera puedo encontrar trabajo, porque cuando lo pido ven que tengo antecedentes por la demanda que me puso mi ex suegra. Estoy trabajando como voluntaria en Cáritas, y quizás después me hagan un contrato “.

Un juez acaba de ordenar que abandone el domicilio mañana de manera definitiva. La condena era firme en noviembre, cuando el caso llegó al despacho de Lidia Falcón. Desde entonces, la abogada ha interpuesto múltiples recursos apelando al artículo 39 de la Constitución, que establece la protección de la familia y los niños. El juez ha desestimado los argumentos asegurando que “la infracción de los artículos constitucionales no es alegable en el caso de la jurisdicción ordinaria”.

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Una violencia que no puede cesar

elPeriódico.com
12 Julio 2010
Por Lidia Falcón

Desconcierta leer los análisis acerca del deplorable aumento de la violencia contra las mujeres que se ha producido este año y que se afirme que el aumento de la violencia está relacionado con la crisis económica. Cuando hace 10 años la media de mujeres muertas anualmente a manos de hombres era de 60 a 80, ¿qué crisis vivíamos? El año de cifras más bajas de asesinadas, con solo 52, fue el 2009, cuando nos encontrábamos en el punto álgido de la crisis. El mayor número de víctimas hasta ahora –documentadas– es del 2006, cuando ni siquiera se avistaba la crisis.

Asombra más que ninguno de los expertos se explique a qué se debe que, mientras aumentan los feminicidios, las denuncias disminuyen, e indignación produce que se explique la desatención de las víctimas diciendo que solo habían denunciado 6 de las 33 asesinadas hasta aquel momento –según cifras oficiales, que siempre son más modestas que las que contabilizamos las organizaciones feministas–, además de las dos gravemente heridas que no engrosarán la estadística, ya demasiado abultada para permitir la comodidad de los ministerios responsables.

Esas seis mujeres, cuya pequeñez numérica resulta despreciable para los analistas del fenómeno, habían confiado en la protección que debía prestarles el Estado democrático y avanzado de nuestro país. Acudieron a la policía, esperaron resolución judicial, y alguna, como la hija de la víctima del 30 de junio en La Guancha (Tenerife), obtuvo una orden de alejamiento de su verdugo y este se vengó asesinando a la madre, a la que, para mayor escarnio, había amenazado de muerte repetidamente. Diversos testigos –reza la crónica periodística– explicaron a las autoridades que el agresor había golpeado la puerta de la vivienda en varias ocasiones y amenazado a sus habitantes. Pero ninguna de las dos, ni la hija –que pudo huir– ni la madre, obtuvieron una protección eficaz frente al enemigo, un solo hombre armado de un palo. Esas seis mujeres abandonadas por las fuerzas del orden, por la Administración de justicia, por el delegado del Gobierno, instituciones todas que hemos constituido para que nos protejan en cumplimiento del mandato constitucional, fueron olvidadas a su suerte en su propio pueblo y en su propio domicilio. Y a ninguno de los que tenían la obligación de velar por su seguridad se les pedirán responsabilidades, ni administrativas ni penales, ni se indemnizará a los herederos de las víctimas. ¿Es tan sorprendente, por tanto, que las otras 26 mujeres asesinadas no presentaran denuncia?

Una de las explicaciones más irritantes sobre la causa de la masacre de mujeres es la que achaca la culpa a la propia víctima. Diariamente la televisión nos transmite el mensaje de la ministra de Igualdad, de la consellera de Benestar Social o del delegado del Gobierno, instando a las mujeres a denunciar el maltrato. El tono, las palabras y la intención del comunicado indican que solo la mujer es la responsable de que no se la haya podido proteger. Ella es confiada, imprudente, corta de luces, no atiende las señales de peligro, cree las estúpidas promesas del maltratador y, sobre todo, llevada de un romanticismo absurdo, está enamorada de él y le perdona cualquier violencia. Pero ¿a quién se deben achacar las consecuencias de esa violencia cuando en más de una y de cien ocasiones, a instancias mías, una clienta de mi bufete presenta denuncia y la policía se limita a escribirla y decirle que regrese a casa, que ya citarán al marido? Y ¿a quién hay que achacar la culpa del trágico resultado de la violencia continuada que un hombre ejerce sobre su mujer cuando después de ¡años! de tramitar procedimientos –penales y civiles– contra un maltratador, este resulta absuelto y regresa a la casa para asesinar a la que tuvo la osadía de enfrentarse a él?

La campaña sostenida que han realizado las asociaciones de hombres separados asegurando que las mujeres presentan denuncias falsas, apoyados muy eficazmente por varios jueces y fiscales, ha tenido éxito. Las consecuencias de esa persecución a que los machistas de toda laya han sometido a sus víctimas las estamos viviendo ahora. Ante esta ofensiva, tanto las instituciones como la sociedad deberían haber sido más beligerantes. Era inaceptable que se difundieran diariamente en los medios de comunicación las declaraciones de hombres que aseguraban ser ellos las víctimas de maltrato, que fuesen invitados a programas de televisión y de radio, incluyendo las cadenas públicas, a exponer historias dramáticas de persecución e injusticia, y que, en el colmo de la parcialidad, fiscales y jueces asegurasen que el fenómeno de las denuncias falsas estaba muy extendido. El resultado es que cada vez más se archivan las causas sin investigación alguna, cada vez hay más absoluciones y cada vez se desatiende en mayor proporción a las denunciantes, a las que se considera mentirosas y aprovechadas. ¿Puede, entonces, sorprender que las mujeres que sufren maltrato no denuncien? ¿Puede alguien, en consecuencia, sorprenderse de que el número de víctimas haya aumentado?

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Lidia en la presentación del libro “Vindicación Feminista” de María Angeles Larumbe

Nosotras en el mundo, programa de Radio Vallekas
26 Abril 2010

Lidia Falcón y María Angeles LarumbeDuración: 58:37 minutos. Como cada último lunes de mes, Marta Garchitorena nos ofrece una nueva emisión de SEXUARTE. Hoy, nos adentra a la “idea de mujer” que tenía y aplicó a rajatabla la dictadura franquista en Espana (1939-1975), a propósito del seminario realizado hace un par de semanas “Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo”, en Madrid. Voces de: Marta Garchitorena y Estefanía Gonsalves Morales. Guión basado en la ponencia de Dolores Juliano y en el texto “La mujer bajo el franquismo” de Adela Soto Marco. También, traemos lo que se dijo durante la presentación del Libro “Vindicación Feminista” de María Angeles Larumbe, en su propia voz, con los comentarios también de Lidia Falcón, una de las creadoras de esta revista feminista de los años 70. También escuchamos el informativo “Sintonizadas” de la Red Nosotras en el Mundo.
En la foto vemos a Lidia Falcón y María Angeles Larumbe, autora del libro, durante la presentación en el Espacio de Mujeres Entredós.

Lidia Falcón y María Ángeles Larumbe hablan sobre Vindicación:
http://www.fileden.com/files/2008/12/15/2225562/Audio%20Flash%20Players/player_mp3_maxi.swf

(Para escuchar el programa completo enlace a la fuente)

*Enlace relacionado: Fondo documental digitalizado Vindicación Feminista (1976-1979)

En defensa de la República

Público.es
14 Abril 2010
Por Lidia Falcón

Este nuevo aniversario de la II República constituye una magnífica oportunidad para plantear cuestiones que se debaten públicamente sobre el modelo de Estado, en un momento de creciente reivindicación republicana. La acusación, fundada, de que nunca se ha preguntado a la ciudadanía qué forma de Estado desea, es contestada por los defensores de la monarquía con el argumento de que el referéndum de la Constitución significó en realidad un plebiscito sobre aquella, ya que la Carta Magna la consagra sin duda alguna. Cierto es también que los partidos mayoritarios que se reclamaban de la izquierda en el panorama político del momento aceptaron sin cortapisas –el Partido Comunista con un entusiasmo que dejó atónitos a muchos– legitimar al rey que había sido designado por el dictador y coronado por las Cortes franquistas, con su cortejo de símbolos y gastos: palacios, personal militar y civil, fiestas, viajes, himno, bandera, uniformes. Y que han debido transcurrir 30 años para que el PCE –ya sin poder político– rectificara y aprobara entre sus objetivos la proclamación de la III República, en coincidencia con la actividad de una generación que despierta del letargo en que se sumieron sus padres, que reivindica la verdadera historia de la Guerra Civil y la dictadura y que reclama justicia para sus abuelos. Pero, con independencia de la evolución del PCE, es importante constatar la desafección entre la población española, especialmente los más jóvenes, hacia una monarquía impuesta a la sociedad por los poderes fácticos en los tiempos inmediatos a la muerte del dictador.
Se ha ocultado, consciente y culpablemente, a las nuevas generaciones de la postdictadura que el pueblo español llevaba luchando un siglo y medio por alcanzar una República democrática, igualitaria y justa. Y que, cada vez que parecía haberlo conseguido, sus pretensiones fueron destruidas manu militari por la violencia de las armas. Muchos sufrimientos y una atroz guerra nos proporcionaron los enemigos de todo progreso: el ejército monárquico y franquista, los grandes consorcios industriales y la banca, en colaboración con los latifundistas del sur y del oeste, con la bendición de la Iglesia católica.
De ese túnel de miseria, represión y miedo en que estuvimos metidos durante 40 años, salimos muy lenta y violentamente. En los años ochenta, la Universidad de Yale (EEUU) me pidió un artículo sobre la violencia en los años de la Transición y, a pesar de mis limitadas fuentes de información, obtuve la cifra de 280 personas pertenecientes a grupos de izquierda asesinadas por las fuerzas de la ultraderecha. Últimamente, las indagaciones más completas elevan el número a más de 500, como se demuestra en una investigación reciente. Ya es hora de desmentir la falsedad más repetida y publicitada por todos los estamentos del poder de que la Transición política española se realizó en una calma paradisíaca. Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, en su libro El final de la dictadura, explican que en un solo año se produjeron, nada más y nada menos, 14.000 huelgas y se celebraron miles de asambleas y manifestaciones de todos los estamentos sociales, convocadas por las organizaciones obreras, vecinales, estudiantiles, feministas. Fueron asesinados, por diversas facciones y sicarios fascistas, un alto número de activistas sindicales, comunistas, anarquistas, nacionalistas, en las calles, en los despachos de abogados, en las comisarías y en las cárceles.
Durante casi siete años –desde la muerte de Franco hasta el golpe del 23-F– todos los medios de comunicación alertaron de las conspiraciones del ejército con la conocida frase de que se escuchaba “ruido de sables” en los cuarteles. Todavía en octubre de 1982, en vísperas de las elecciones que le dieron el triunfo al PSOE, se descubrió una nueva conjura militar. Recuerdo cómo Miguel Núñez, miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista y diputado en las Cortes, al regresar a Barcelona después de cada semana parlamentaria, intentaba justificarse ante los militantes impacientes y disgustados con la complicidad del partido con la monarquía y la derecha con el argumento de que los militares estaban nuevamente organizándose para “dar el golpe”.
Este fue el verdadero clima de la sociedad y de la política española en el que se impuso la monarquía, y no la plácida situación que se ha descrito desde todas las instancias dominantes: poder político, medios de comunicación, historiadores. Mediante una Constitución redactada por una mayoría de representantes de la derecha y la extrema derecha, y dos diputados del PSOE y del Partido Comunista que habían abandonado sus reivindicaciones republicanas. Esa Constitución se votó por el pueblo en un clima de amenazas constantes y de vivo recuerdo de los horrores de la Guerra Civil y de la dictadura. El plebiscito de la monarquía es, por tanto, inválido, porque fue convocado en unas circunstancias de permanente coacción, de modo que esa generación de los años setenta responsable de lo ocurrido no puede obligar a sus descendientes a heredar las consecuencias de su actuación.

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Los males de nuestra justicia

elPeriódico.com
13 Abril 2010
Por Lidia Falcón

Pocos meses después de la inauguración de la Ciutat de la Justícia, cuya ubicación y proporciones monumentales han hecho más penosa la labor de abogados y procuradores, ya suficientemente castigados en su continuo deambular por los juzgados, los beneficios que debían esperarse de la gran inversión que ha supuesto no parecen ser tantos. Además de las dificultades de encontrar la puerta exacta del juzgado exacto a través de la peregrinación por los ascensores, demasiado sofisticados para que presten un servicio cómodo a la diversa ciudadanía que se ve obligada a utilizarlos, las proporciones de las oficinas judiciales no difieren en mucho de las viejas y ya comienzan a estar atascadas de papeles reproduciendo, como en la obra de Ionescu El nuevo inquilino la situación anterior. Cuatro oficiales por sala con sus correspondientes mesas y sillas y estanterías y expedientes, y nuevamente, perjudicados y demandados declarando sus más íntimas miserias delante de otros funcionarios y profesionales a quienes en nada les compete su vida privada. Y pocos fiscales para la labor que deben realizar, y la interminable ronda de jueces sustitutos porque no se dotan las plazas necesarias.

Como en el infierno de Dante, en la entrada de la pomposa Ciutat de la Justícia debería instalarse un letrero que ponga: Justiciable, cuando pases esta puerta, abandona toda esperanza. La justicia en nuestro país no debería ser representada por una hermosa dama, por más que tenga los ojos tapados, ataviada con una túnica blanca, sino por una pordiosera vestida de harapos, mendigando una limosna con los ojos entrecerrados por las legañas. Desde que se terminó la dictadura estoy ansiando comprobar cómo la Administración de Justicia recibe las inversiones que precisa: miles de jueces más, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de forenses y psicólogos y asistentes sociales, con una policía judicial preparada, que dispongan de las oficinas adecuadas. Año tras año se demora la verdadera innovación, restándole con una cicatería injustificable los presupuestos mínimos. Para establecer un término de comparación que apoye lo que estoy criticando, veamos que Alemania, que tiene 80 millones de habitantes, dispone de 59.000 jueces, con sus correspondientes auxiliares y oficinas. Sería, pues, lógico que en España, con más de la mitad de población de aquel país, tuviese 30.000. Pues bien, solo contamos con 4.700 jueces de todas las instancias: civiles, penales, contenciosos, laborales, menores, violencia contra la mujer, audiencias provinciales, tribunales superiores, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
A tal patética carencia hemos de añadir unas leyes procedimentales, heredadas del derecho romano, a las que se han hecho varios remiendos –y no muchos– que enredan los expedientes hasta convertirlos en el laberinto del Minotauro. A pesar de la mucha propaganda con que nos obsequian diariamente las campañas de los gobiernos –central y autonómico– con la difusión de las nuevas tecnologías, en la justicia se siguen utilizando los centenarios métodos de comunicación: citaciones entregadas en mano por agentes judiciales que viajan en autobús, exhortos en papel enviados por correo a otras poblaciones, por más cercanas o distantes que se encuentren; comisiones rogatorias a países extranjeros que deben llegar, primero, a Exteriores. El fax y el teléfono deben ser legitimados por el sagrado papel, y el correo electrónico no ha entrado en el lenguaje jurídico.
Está visto que el poder legislativo está demasiado ocupado para acometer seriamente la reforma de las leyes de enjuiciamiento, y que nuestros legisladores –legislatura tras legislatura– sienten pánico de cambiar el procedimiento criminal escrito y secreto –a veces, secretísimo– por el público y oral que rige en los países anglosajones, lo que permite la proliferación de sumarios escondidos a la opinión pública que amparan la corrupción de todo tipo. Y que, en cuanto a los asuntos civiles, tramitados durante interminables años, nuestros gobernantes y diputados no saben cómo salirse de los complicados y arcaicos procesos.

El resultado es que en Catalunya, no solo en Barcelona –véanse el estado de los juzgados de ciudades medianas y pueblos que disponen solo de jueces sustitutos o de un titular, que viaja diariamente por la comarca para celebrar juicios de los que no tiene noticia hasta que se sienta en el estrado–, la caótica y miserable situación de la Administración de Justicia ha provocado varias huelgas de funcionarios en los últimos años. Hasta los jueces se han declarado en huelga en toda España.
Bien es cierto que los legislativos autonómicos no pueden cambiar los procedimientos consagrados por el Congreso y el Senado, pero sí es competencia de la Conselleria de Justícia –que reclamó con tanto entusiasmo– desde la compra de mesas y ordenadores hasta el personal auxiliar. Así, las notables carencias podrían ser paliadas con inversiones que no se hacen. Negar con la rotundidad con que lo hizo Montserrat Tura que la enfermedad de la justicia se cura con dinero es querer esconder con un velo un volcán en actividad, que más tarde o temprano volverá a entrar en erupción.