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elPeriódico.com
22 Abril 2008
Por Lidia Falcón

Cuando creíamos que después del asesinato de Mari Luz no podíamos horrorizarnos más, nos enteramos de que una mujer ha sido asesinada tras haber pedido repetidas veces protección de un marido que estaba condenado y con orden de alejamiento, poco antes de que un enfermo mental pasee la cabeza de su madre por las calles del pueblo, después de haber estado condenado cuatro veces. Estos casos que nos escandalizan son la cara visible de algunas de las negligencias que cometen ciertos organismos institucionales que tendrían que proteger a las mujeres. Los olvidos que llevaron a Mari Luz a la muerte han sido explicados como un error achacable únicamente al juez que era responsable del encarcelamiento del culpable. Tantos otros implicados, desde la Audiencia a la Policía, se han declarado exentos de cualquier responsabilidad. Lo que no se cuenta es que los olvidos y los errores judiciales suceden habitualmente. La instrucción de un sumario por abusos sexuales a menores, malos tratos a mujeres, lesiones, robo sin violencia, hurtos, etcétera, tarda dos años. Pueden añadirse de uno a tres más de demora en la Audiencia. Esa sentencia tendrá que ejecutarla el juzgado penal; teniendo en cuenta que las penas inferiores a dos años pueden suspenderse o sustituirse por un inexistente servicio a la comunidad, miles de condenados no cumplen la sentencia.

Pero incluso en el caso de que esa condena supere los dos años, con toda probabilidad no se ejecutará. En este momento miles de sentencias de prisión y de multa duermen en las carpetas de los juzgados. Muchas porque no se ha encontrado al condenado para notificárselas. Informan los medios de que en un solo juzgado de Palma de Mallorca hay 8.000 ejecuciones por tramitar. Entre ellas se encontrarán las que afectan a esposas y madres maltratadas y a menores de los que se ha abusado. La prensa cuenta que varios pederastas han desaparecido después de ser condenados a penas de tres años y más de cárcel. Transcurrido el tiempo en el que los autos duermen en una mesa del departamento de ejecuciones del juzgado, el delito habrá prescrito.

En el tema de violencia contra la mujer, la acusación, vertida en los medios, de que las mujeres presentan denuncias falsas, ha influido para que solo en muy contadas ocasiones los jueces dicten prisión preventiva contra los denunciados por maltrato, pederastia, abusos sexuales, violaciones. Así, muchos de los acusados ni acuden al juicio, y los que lo hacen desaparecen, preventivamente, temiendo la sentencia. Pero estos no son los únicos casos en que los condenados viven tranquilamente sin temer la persecución de la justicia. Las multas de los procesos de tráfico, de alimentos, de infracciones que no acarrean pena de prisión no se suelen pagar. Cuando el abogado acusador persigue tenazmente el cumplimiento de la sentencia tropieza con el atasco que ahoga a las oficinas de ejecución y que ocasiona la lentitud en dictar órdenes de localización, y la casi imposibilidad de que se disponga la busca y captura en los casos en que las penas no sean mayores de tres años de prisión.

A este funcionamiento de los juzgados, conocido de todos los profesionales del Derecho, se le puede aplicar sin duda una atenuante calificada: el estado caótico en que se encuentran. Juzgados ubicados en un inmueble de vecinos, a veces con ellos dentro, oficiales amontonados con sus mesas y expedientes, de cuatro en cuatro, en habitaciones minúsculas, donde se toma declaración a imputados, testigos y peritos, con asistencia de letrados, delante de los demás empleados y profesionales que entran y salen del juzgado interesándose por sus asuntos. La invisible presencia de los fiscales adscritos a varios juzgados a la vez y que no pueden atender a todos. Salas de audiencia, como las de los juzgados de familia de Barcelona, que consisten en una mesa ovalada alrededor de la cual se sientan todos los implicados: juez, fiscal, secretario, procuradores, abogados e interesados, rozándose codo con codo, y donde se celebran vistas en las que están en juego la felicidad de los cónyuges, la propiedad de los bienes familiares y el futuro de los hijos.

La imagen habitual de los juzgados es la de habitaciones atestadas de expedientes, en las estanterías, en las mesas, en las sillas, en el suelo, y hasta en el váter, sin vigilancia alguna, de tal modo que cualquiera puede llevarse las carpetas y hasta los sellos del juzgado.

El único paliativo a tantos males es por lo menos doblar el número de juzgados, de jueces, de fiscales, de secretarios, de oficiales, de auxiliares, de agentes y de policía judicial, y ubicarlos en los edificios adecuados con los ordenadores y las terminales necesarias, donde se hayan introducido las bases de datos coordinadas con las policías y los otros juzgados. Pero esta reforma –y no hablo del imprescindible cambio del procedimiento– necesita una inversión económica enorme que los gobernantes no están dispuestos a hacer. Por tanto, es imposible que la Administración de justicia española salga del siglo XIX, en el que se halla anclada, y es previsible que a corto plazo cualquier otra niña o esposa o madre sea víctima de un pederasta, de un marido o de un hijo que, pese a estar condenado, disfrute tranquilamente de libertad.

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