Entrevista a Lidia Falcón
14 jueves Abr 2011
Posted Entrevistas, Política
in14 jueves Abr 2011
Posted Entrevistas, Política
in06 lunes Dic 2010
Público.es
24 Nov 2010
Por Lidia Falcón
La diferencia entre un Estado dictatorial y un Estado democrático es la protección y el respeto que muestra hacia sus ciudadanos. Ante los asesinatos de mujeres que continuadamente se producen en España no es exagerado ni improcedente exigirle a nuestras instituciones que protejan a las víctimas. Es imaginable que si sufriéramos de 60 a 70 víctimas mortales cada año por atentados terroristas, los mecanismos de prevención y punición serían mucho más contundentes.
La Ley Integral contra la Violencia de Género se aprobó por unanimidad en el Parlamento, lo que ya permitía sospechar de su benignidad. Y así fue. Para no molestar a los sectores de la derecha machista, el Gobierno consensuó unas normas incompletas que las hacen ineficaces, a las que se unen la falta de medios que padece la Administración de Justicia. El resultado ha sido evidente. El Instituto de la Mujer admite que deben ser 2.600.000 las mujeres víctimas habituales de violencia machista, y a día de hoy sumamos 65 asesinadas, seis más que en 2009.
Pero cuando, a los casi dos años de entrada en vigor de la ley, desde el Partido Feminista presentamos el informe Hacer de los derechos realidad sobre las carencias de dicha ley y nos dirigimos a todas las instituciones que representan el Estado –el Parlamento y el Senado, el Parlament de Catalunya, el Defensor del Pueblo, el Ministerio de Igualdad, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, los Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Defensor del Pueblo– solicitando las modificaciones necesarias, se nos negó esa posibilidad o ni siquiera se nos contestó. Nunca supe para qué había servido la Comisión de Violencia del Parlamento que estuvo reuniéndose durante un curso.
En nuestro estudio explicamos las deficiencias que tiene el redactado legal. Desde haber dejado fuera de su protección a toda mujer que no sea la esposa o esté vinculada sentimentalmente de modo permanente con el agresor, hasta que mantiene garantías en beneficio del denunciado –que cuando se trata de otras jurisdicciones como la laboral no se aplican desde hace cien años– que obligan a esperar a la denunciante interminable tiempo para ver dirimida su denuncia en los tribunales. La amplia discrecionalidad que se le concede al juez permite que se archiven el 55% de las denuncias sin ni siquiera tramitarlas, que se dicten arbitrariamente órdenes de alejamiento, dependiendo del juzgado de que se trate, y que se siga manteniendo una valoración estricta de la prueba en el juicio oral de modo que se absuelve a un gran número de agresores por falta de pruebas. El 30% de los que son juzgados, lo que significa que únicamente el 38% de las denuncias concluyen en una sentencia condenatoria. Estas son algunas de las lagunas de la norma, a las que se pueden añadir la falta de responsabilidad de los jueces, fiscales, médicos, asistentes sociales y del entorno familiar y vecinal de las víctimas cuando no cumplen la debida diligencia en la protección de la víctima y en la persecución del delito. Exigencias que nosotras habíamos introducido en el proyecto que llevamos al Congreso y que fue desestimado.
Si a estas carencias legales añadimos que ni se han dotado de los medios necesarios a las comisarías de policía ni creado los suficientes juzgados, ni estos disponen de personal preparado para su misión, no creo que sea muy difícil entender por qué la persecución de los maltratadores y asesinos de mujeres está siendo ineficaz.
Mas no es este el único escollo con que hemos tropezado en el camino de lograr mayor eficacia en la protección y punición del delito. Inmediatamente después de que se aprobara esa tímida ley, un sector social inició una agresiva campaña contra ella y las instituciones que tenían que hacerla cumplir, asegurando que permite que las mujeres se beneficien presentando denuncias falsas. La difusión de esta perversa acusación ha sido tan eficaz, ha estado tan bien dirigida, que en poco tiempo se dictaron normas de funcionamiento interno en los juzgados para no aceptar las denuncias “sospechosas” e investigar su veracidad. A partir de esa inflexión del criterio de la Justicia dedicada a la violencia contra la mujer, y a pesar de las negativas del Observatorio de Violencia del CGPJ sobre la veracidad de estas afirmaciones, las causas se archivan en mayor proporción, se exige mayor rigidez en las pruebas y las absoluciones se menudean, se dictan condenas más leves y las más pequeñas no se cumplen nunca y, en consecuencia, las mujeres denuncian menos. Resulta totalmente comprensible que las mujeres no confíen en la Justicia.
La involución se ha producido radicalmente con la última jurisprudencia del Tribunal Supremo, que afirma que la agresión contra una mujer por parte de un hombre no siempre es violencia machista, y pasa entonces a ser considerada como cualquier otra pelea entre ciudadanos. Y no digamos si ella se defiende, será condenada a la par que el maltratador. Pero, incluso después de una condena, la falta de medios hace imposible una verdadera protección de la víctima. Las famosas pulseras de alarma no se han impuesto más que en una minoría de casos, no hay personal suficiente para vigilarlas y, al estar en libertad el agresor, la intervención de la policía llega tarde cuando aquel se propone consumar el asesinato.
Y en estas condiciones, muy resumidas, aún se regaña a las mujeres porque no denuncian, logrando el objetivo perfecto para el poder: convertir a las víctimas en culpables de su propia desgracia.
12 lunes Jul 2010
Posted Justicia, Política, Violencia machista
inelPeriódico.com
12 Julio 2010
Por Lidia Falcón
Desconcierta leer los análisis acerca del deplorable aumento de la violencia contra las mujeres que se ha producido este año y que se afirme que el aumento de la violencia está relacionado con la crisis económica. Cuando hace 10 años la media de mujeres muertas anualmente a manos de hombres era de 60 a 80, ¿qué crisis vivíamos? El año de cifras más bajas de asesinadas, con solo 52, fue el 2009, cuando nos encontrábamos en el punto álgido de la crisis. El mayor número de víctimas hasta ahora –documentadas– es del 2006, cuando ni siquiera se avistaba la crisis.
Asombra más que ninguno de los expertos se explique a qué se debe que, mientras aumentan los feminicidios, las denuncias disminuyen, e indignación produce que se explique la desatención de las víctimas diciendo que solo habían denunciado 6 de las 33 asesinadas hasta aquel momento –según cifras oficiales, que siempre son más modestas que las que contabilizamos las organizaciones feministas–, además de las dos gravemente heridas que no engrosarán la estadística, ya demasiado abultada para permitir la comodidad de los ministerios responsables.
Esas seis mujeres, cuya pequeñez numérica resulta despreciable para los analistas del fenómeno, habían confiado en la protección que debía prestarles el Estado democrático y avanzado de nuestro país. Acudieron a la policía, esperaron resolución judicial, y alguna, como la hija de la víctima del 30 de junio en La Guancha (Tenerife), obtuvo una orden de alejamiento de su verdugo y este se vengó asesinando a la madre, a la que, para mayor escarnio, había amenazado de muerte repetidamente. Diversos testigos –reza la crónica periodística– explicaron a las autoridades que el agresor había golpeado la puerta de la vivienda en varias ocasiones y amenazado a sus habitantes. Pero ninguna de las dos, ni la hija –que pudo huir– ni la madre, obtuvieron una protección eficaz frente al enemigo, un solo hombre armado de un palo. Esas seis mujeres abandonadas por las fuerzas del orden, por la Administración de justicia, por el delegado del Gobierno, instituciones todas que hemos constituido para que nos protejan en cumplimiento del mandato constitucional, fueron olvidadas a su suerte en su propio pueblo y en su propio domicilio. Y a ninguno de los que tenían la obligación de velar por su seguridad se les pedirán responsabilidades, ni administrativas ni penales, ni se indemnizará a los herederos de las víctimas. ¿Es tan sorprendente, por tanto, que las otras 26 mujeres asesinadas no presentaran denuncia?
Una de las explicaciones más irritantes sobre la causa de la masacre de mujeres es la que achaca la culpa a la propia víctima. Diariamente la televisión nos transmite el mensaje de la ministra de Igualdad, de la consellera de Benestar Social o del delegado del Gobierno, instando a las mujeres a denunciar el maltrato. El tono, las palabras y la intención del comunicado indican que solo la mujer es la responsable de que no se la haya podido proteger. Ella es confiada, imprudente, corta de luces, no atiende las señales de peligro, cree las estúpidas promesas del maltratador y, sobre todo, llevada de un romanticismo absurdo, está enamorada de él y le perdona cualquier violencia. Pero ¿a quién se deben achacar las consecuencias de esa violencia cuando en más de una y de cien ocasiones, a instancias mías, una clienta de mi bufete presenta denuncia y la policía se limita a escribirla y decirle que regrese a casa, que ya citarán al marido? Y ¿a quién hay que achacar la culpa del trágico resultado de la violencia continuada que un hombre ejerce sobre su mujer cuando después de ¡años! de tramitar procedimientos –penales y civiles– contra un maltratador, este resulta absuelto y regresa a la casa para asesinar a la que tuvo la osadía de enfrentarse a él?
La campaña sostenida que han realizado las asociaciones de hombres separados asegurando que las mujeres presentan denuncias falsas, apoyados muy eficazmente por varios jueces y fiscales, ha tenido éxito. Las consecuencias de esa persecución a que los machistas de toda laya han sometido a sus víctimas las estamos viviendo ahora. Ante esta ofensiva, tanto las instituciones como la sociedad deberían haber sido más beligerantes. Era inaceptable que se difundieran diariamente en los medios de comunicación las declaraciones de hombres que aseguraban ser ellos las víctimas de maltrato, que fuesen invitados a programas de televisión y de radio, incluyendo las cadenas públicas, a exponer historias dramáticas de persecución e injusticia, y que, en el colmo de la parcialidad, fiscales y jueces asegurasen que el fenómeno de las denuncias falsas estaba muy extendido. El resultado es que cada vez más se archivan las causas sin investigación alguna, cada vez hay más absoluciones y cada vez se desatiende en mayor proporción a las denunciantes, a las que se considera mentirosas y aprovechadas. ¿Puede, entonces, sorprender que las mujeres que sufren maltrato no denuncien? ¿Puede alguien, en consecuencia, sorprenderse de que el número de víctimas haya aumentado?
07 lunes Jun 2010
Posted Audios, Feminismo, Franquismo, Historia, Literatura, Política, Ponencia, Vindicación Feminista
inNosotras en el mundo, programa de Radio Vallekas
26 Abril 2010
Duración: 58:37 minutos. Como cada último lunes de mes, Marta Garchitorena nos ofrece una nueva emisión de SEXUARTE. Hoy, nos adentra a la «idea de mujer» que tenía y aplicó a rajatabla la dictadura franquista en Espana (1939-1975), a propósito del seminario realizado hace un par de semanas «Memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo», en Madrid. Voces de: Marta Garchitorena y Estefanía Gonsalves Morales. Guión basado en la ponencia de Dolores Juliano y en el texto «La mujer bajo el franquismo» de Adela Soto Marco. También, traemos lo que se dijo durante la presentación del Libro «Vindicación Feminista» de María Angeles Larumbe, en su propia voz, con los comentarios también de Lidia Falcón, una de las creadoras de esta revista feminista de los años 70. También escuchamos el informativo «Sintonizadas» de la Red Nosotras en el Mundo.
En la foto vemos a Lidia Falcón y María Angeles Larumbe, autora del libro, durante la presentación en el Espacio de Mujeres Entredós.
Lidia Falcón y María Ángeles Larumbe hablan sobre Vindicación:
http://www.fileden.com/files/2008/12/15/2225562/Audio%20Flash%20Players/player_mp3_maxi.swf
(Para escuchar el programa completo enlace a la fuente)
*Enlace relacionado: Fondo documental digitalizado Vindicación Feminista (1976-1979)
01 lunes Feb 2010
Posted Aborto, Feminismo, Izquierda, Política, Violencia machista
inLos colectivos feministas critican que los partidos tradicionales no mantengan entre sus prioridades los problemas que atañen a las mujeres. Proponen crear agrupaciones políticas alejadas del patriarcado
Público.es
25 Ene 2010
Por Magda Bandera
«La igualdad entre hombres y mujeres, aunque no lo parezca, no es una prioridad política para ninguno de los partidos que conforman el abanico parlamentario», denuncia Rosario Carracedo, cabeza de lista en las últimas elecciones europeas por Iniciativa Feminista. Su opinión es compartida por todas aquellas mujeres que defienden que los partidos feministas son imprescindibles para que la lucha por la equidad sea algo más que una mera declaración de intenciones electoralistas que, de vez en cuando, se plasma en alguna ley más o menos efectiva.
Legalizar el divorcio, en su momento, avanzar en la Ley del Aborto o en la lucha contra las agresiones machistas son «sólo pasitos», asegura Lidia Falcón, líder del movimiento feminista en España desde los años sesenta. Pero esos avances mantienen el sistema patriarcal prácticamente intacto, porque no cuestionan las bases ni las consecuencias de la dominación masculina. «Si queremos una transformación real de la sociedad y acabar con la desigualdad, debemos participar en la política y en la toma de decisiones».
El aborto, el divorcio o las leyes contra la violencia de género son «sólo pasitos» |
«Por desgracia -añade Falcón- una parte del feminismo ha entendido que eso significa entrar en las cúpulas de los partidos. Pero estos están dirigidos por hombres y ellos siempre luchan por buscar cambios de tipo económico, de clase, y relegan los asuntos que afectan a la mujer a un segundo plano. Es una pena que algunas de las feministas más válidas acaben en esas formaciones, creyendo que así van a tener más poder».
Además, la mayoría de los asuntos que los partidos tradicionales incluyen en sus programas siguen centrándose básicamente en la capacidad reproductiva de la mujer, señala Falcón. Otras compañeras de batalla critican la propia estructura de las formaciones, muy jerárquica y con un lenguaje masculinizado, que invisibiliza a las mujeres, a pesar del esfuerzo por saludar a la audiencia con coletillas del tipo «vascas y vascos».
Precisamente, la lucha constante contra el machismo de sus compañeros del Partido de la Izquierda llevó a la sueca Gudrun Schyman a dejar esta formación y cofundar Iniciativa Feminista. Sólo así pudo defender un programa en el que el primer punto era la equiparación salarial entre ambos sexos. Su objetivo es hacerlo algún día en el Parlamento hasta lograr que una ley obligue a cumplirla.
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«Buscamos ser como los Verdes»
Lidia Falcón. Abogada
“Si las mujeres en España tuvieran una visión política sobre la desigualdad y sobre sus intereses, las feministas podrían tener una influencia similar a la de Los Verdes”, opina Lidia Falcón, impulsora del primer Partido Feminista de España (PFE), legalizado en 1981. Esta abogada considera imprescindible que exista un partido que se centre exclusivamente en la lucha por la equidad. Como argumento, recuerda que “el aborto no estaba en el programa electoral del PSOE, porque le interesan más las relaciones con la Iglesia que la mujer. Por eso tuvieron que ser las feministas de este partido las que después lo llevaran a la agenda legislativa”. Ahora, Falcón teme que el movimiento feminista se “atomice” en distintos partidos, como suele suceder con la izquierda.
«Hay que estar en el Parlamento»
Gudrun Schyman. Líder de Iniciativa Feminista
“Necesitamos estar en la arena parlamentaria para hacer las reformas que permitan alcanzar la equidad”. Gudrun Schyman, líder desde 2005 del partido sueco Iniciativa Feminista (IF), modera su discurso al afirmar que “los partidos tradicionales no son sexistas” intencionadamente. Sin embargo, denuncia que “no reconocen que el modelo patriarcal supone un conflicto para la sociedad “. Schyman abandonó el Partido de la Izquierda y creó sus propias siglas para luchar por la equiparación salarial, y por la mitad de la población que sigue temiendo ser agredida o amenazada. Schyman, que logró el 2,2% de los votos en las últimas elecciones europeas, considera que el principal logro de IF ha sido poner el foco en “la responsabilidad de los hombres como padres”.
«Queremos un grupo no tutelado»
Rosario Carracedo. Abogada
Además del nombre, la formación encabezada por la abogada Rosario Carracedo comparte objetivo con la Iniciativa Feminista sueca: “Dotar al movimiento feminista de una articulación política propia, autónoma independiente y no tutelada, capaz de erigir el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres al nivel de máxima prioridad política”.
Carracedo define su proyecto como “el más democrático, universal y solidario que haya sido formulado hasta ahora”, porque “incluye a toda la humanidad”. Para Carracedo, “el feminismo es una ideología de izquierdas porque pretende colocar a todas las personas en un plano de igualdad equivalente”. IF obtuvo 11.266 votos en las últimas elecciones europeas (0,07%).
30 domingo Ago 2009
elPeriódico.com
25 Ago 2009
Por Lidia Falcón
Francina Ribas, querida amiga que ha cumplido 88 años a pesar de haber sido víctima de todas las desgracias que han azotado nuestro país –y que sufre las consecuencias de todas ellas: viuda de Antonio Campos, coronel de la República, guerrillero en la Resistencia francesa, héroe de la lucha contra los nazis y encarcelado después en su patria durante 24 largos años en el pudridero de presos políticos que fue el penal de Burgos–, ya que ni la enfermedad ni la miseria ni la represión política la perdonaron, se encuentra casi inmovilizada en su casa, víctima de varios infartos, de una insuficiencia respiratoria producida por el traumático neumotórax a que la sometieron cuando era joven y otros achaques provocados por la mala alimentación y el mucho trabajo.
Vive sola, porque la dictadura no le permitió reunirse con su marido antes de que el reloj biológico la incapacitara para tener hijos y, en el aislamiento y la indiferencia en que se mantiene hoy en día a los ancianos en nuestro egoísta país, no tiene más ayuda que las pocas horas que una asistenta que acude a su domicilio le dedica.
Durante un tiempo pagó 39 euros mensuales para que la Cruz Roja le prestara el servicio de teleasistencia mediante el cual, en alguna ocasión, pudieron auxiliarla en una de sus crisis, pero ahora la Cruz Roja dice que no tiene voluntarios y ha dejado de ser abonada. La asistenta del ambulatorio de la Seguridad Social lo ha tramitado con el Ayuntamiento de Barcelona, pero le han contestado que hay muchas solicitudes y que ahora no tienen presupuesto.
Intentó hace años ir a una residencia privada, de precio nada modesto, y se encontró alojada con otra anciana ciega que gemía toda la noche sin que nadie la atendiera y comiendo una bazofia que les servían de un cátering. Solicitar una plaza en una residencia pública es esperar a que el siglo haya pasado sobre ella para, si lograra sobrevivir, acabar atada a la cama y maltratada por las empleadas eventuales de la empresa privada que gestiona los servicios públicos.
Mientras tanto, la otra noche, víctima de otro ataque de corazón y sin saber a quién pedir ayuda, llamó a la policía, que acudió pronto pero que no pudo abrir la puerta mientras ella se encontraba paralizada en la cama, y hubo que recurrir a los bomberos para que descerrajaran la cerradura de la puerta. Mi gran temor es que un día ni siquiera le lleguen las fuerzas para llamar por teléfono y solo los vecinos se aperciban de su silencio cuando lleve tiempo muerta. A veces sospecho que el ayuntamiento también espera ese final, que le resolvería el problema y que, de tanto en tanto, le acontece a un anciano en nuestra ciudad.
Estas tristes reflexiones me tenían ajena a mi realidad exterior mientras me dirigía hacia la estación de Sants cuando tropezamos –el taxista y yo– con las barreras, difícilmente salvables, de los agujeros, las vallas y las excavadoras que cubren la avenida de Roma, como si un terremoto hubiese destrozado la topografía original. Ante mi disgusto, el conductor me informó de que esas obras formaban parte del plan del Gobierno de conceder a los ayuntamientos fondos para ofrecer empleos a los parados con el fin de amenguar el paro.
A mi memoria acudieron inmediatamente las informaciones de prensa sobre los miles de niños que cada curso se ubican en barracones para que no se queden sin plaza escolar, pero mi informador no podía explicarme por qué en vez de levantar calles y aceras y avenidas, que a mí me parecían perfectamente útiles y en buen estado, no se dedicaban esos fondos a construir nuevas escuelas.
Tampoco pudo dar respuesta a mi impertinente pregunta de por qué no se dedicaban los parados de la construcción a edificar los ambulatorios que reclaman cada año los vecinos de varios barrios y que nunca reciben satisfacción.
Los fondos dedicados a planes paliativos del desempleo, que nos azota con especial gravedad este año –aunque siempre ha sido endémico en nuestro país, que no tiene estructura económica para asumir el empleo de toda la gente útil para el trabajo–, se han invertido en obras públicas. Pero solo en la reforma de calles, aceras, plazas y avenidas, muchas de las cuales no necesitaban ningún arreglo, mas no en la construcción de escuelas, de hospitales, de ambulatorios, de residencias de ancianos, de centros de acogida para mujeres maltratadas, drogadictos, menores conflictivos…
La obra pública en España desde Primo de Rivera –con el efímero paréntesis de la República– se ha centrado en carreteras y calles. La escuela y la asistencia social son las cenicientas de la atención de nuestros gobernantes. Según la información de hoy mismo, se necesitan en este momento 350.000 enfermeras en todo el país, mientras los maestros están desbordados de trabajo, son trasladados continuamente de un colegio a otro y las guarderías infantiles, que fueron la principal reivindicación de las madres durante la dictadura, siguen siendo un servicio inalcanzable setenta años más tarde, al igual que los campamentos de verano y la asistencia a los mayores. Como mi amiga Francina Ribas, que morirá sola en casa sin que ninguna sensibilidad pública se sienta concernida.
Menos mal que tendremos unas preciosas aceras en la avenida de Roma.
13 viernes Mar 2009
Posted 8 de marzo, Aborto, Feminismo, Franquismo, Historia, Política
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Público.es
9 Mar 2009
Por Lidia Falcón
La celebración del Día de la Mujer es una buena ocasión para reflexionar sobre el papel que ha jugado la Constitución –que recientemente cumplió 30 años–, en la vida de las mujeres españolas. Este olvido resulta más culpable si se tiene en cuenta que no sólo las mujeres constituyen el 52% de la población, sino que, si la Carta Magna ha producido algún efecto perceptible en la vida cotidiana de los ciudadanos, ese es fundamentalmente el que ha causado en la de las mujeres. Ellas fueron las grandes perdedoras de la Guerra Civil que yuguló sangrientamente los avances y las esperanzas de progreso que albergó la II República. El dictador y sus secuaces, con el inestimable apoyo de la Iglesia católica, se cebaron con especial sadismo en torturar a las españolas. Privadas de derechos civiles y laborales, de la patria potestad de sus hijos, condenadas por ley a la marginación de la vida pública y a la miseria económica, perseguidas penalmente por adulterio, prácticas anticonceptivas, aborto o abandono del hogar, se hundieron en la condición más penosa de toda la historia de España.
Solamente la firmeza que mostramos durante la transición en la exigencia de nuestros derechos nos situó en el escenario social del que también los organizadores de esta democracia querían apartarnos. Es bueno recordar fechas y actuaciones para que a los dirigentes políticos se les sitúe en el lugar que les corresponde. A dos meses de promulgarse la Constitución, en octubre de 1978, después de tres años de celebrar el Año Internacional de la Mujer y de los interminables casi dos años que los padres de la patria estuvieron pactando el texto –recuérdese que ninguna mujer participó en la redacción de la Carta Magna– el único avance que conseguimos fue que los diputados, incluyendo a socialistas y comunistas, eliminaran del Código Penal el delito de adulterio, que sólo cometían las mujeres, y el de prácticas anticonceptivas.
En los programas electorales del PSOE y del PCE de 1977 y de 1979 no constaban ni el divorcio ni el aborto. Nos costó cinco años de luchas heroicas –asambleas, manifestaciones, encierros, cierre de revistas, procesamientos y una buena paliza que recibí yo en la calle en la última manifestación en Barcelona– conseguir el divorcio. Un divorcio condicionado a la separación –han tenido que transcurrir 25 años para permitirnos divorciarnos de primeras, como en cualquier país civilizado–. Aún hubimos de sufrir cuatro años más de penalidades para lograr el permiso de abortar por grave peligro para la salud de la mujer, violación y malformación del feto, que no se ha vuelto a modificar. Mientras se discute la estúpida norma, implantada por los tan progresistas diputados, que impuso la preeminencia del varón sobre la mujer en la sucesión al trono, en un país que, para derogar la Ley Sálica, libró tres guerras y para proclamar dos Repúblicas, otras dos, ninguno ha planteado la derogación del precepto que obliga a preservar la vida de “todos”.
La Constitución es la jaula de hierro que nos encarcela en las tiranías de nuestra fisiología y nos impide alcanzar el derecho a disponer de nuestro propio cuerpo, con esa disposición del artículo 15, estableciendo que “todos” tienen derecho a la vida, que los franquistas y cristianos metieron complacidamente, ante la indiferencia de socialistas y comunistas. Así, el Tribunal Constitucional, ante el que la Alianza Popular de la época, comandada por el franquista Fraga Iribarne, presentó recurso de constitucionalidad contra la Ley del Aborto, con una interpretación torticera ante un término tan vago como el de “todos”, pudo pronunciarse exigiendo más limitaciones en la práctica. Y esto ha permitido una feroz ofensiva de la derecha, que ha llevado al cierre de varias clínicas de abortos y al encarcelamiento de siete médicos en Barcelona. El Gobierno ha nombrado una comisión de estudio –estupendo sistema inventado por esta democracia para enterrar cualquier proyecto–, en la que han entrado asociaciones del Opus, con las que asegura la vicepresidenta que hay que ponerse de acuerdo, mientras las mujeres siguen teniendo que pagar los 600 euros que cuesta un aborto en una clínica privada, porque sólo el 3% de los abortos se practica en la Sanidad pública. La limitación de derechos a las mujeres de nuestra Constitución ha sido hábilmente ignorada por los partidos políticos y sus líderes, que tanto se están alabando hoy de las componendas con que llegaron a redactarla.
Las mujeres no conseguimos los avances que la Constitución de la II República nos reconocía 50 años antes, porque naturalmente esta tampoco es una Constitución republicana y la monarquía –tan arteramente introducida sin consulta popular, con ayuda de la Iglesia Católica y la derecha, y protegida por el Ejército– impone esas limitaciones. Lo que también se oculta es que, si el movimiento feminista, enfurecidas al fin las mujeres después de casi medio siglo de esclavitudes y vejaciones, no hubiese exigido sin componendas ni rebajas las reivindicaciones que planteábamos, los ilustres constitucionalistas no hubieran introducido el carismático artículo 14, que impone la no discriminación por razón de sexo y que, en teoría, permite a las mujeres exigir igualdad de salario, de oportunidades y de trato con los hombres.
Derechos que no se cumplen, y a esto las mujeres unen la enorme carga de ser las que deben seguir trayendo los hijos al mundo, sin que el pomposo derecho constitucional a la vida exija a los gobiernos a facilitarles la obligación de darle realidad. Ni tampoco la democrática Constitución las protege contra la violencia machista, pero eso es motivo de otro artículo.
10 martes Mar 2009
Posted 8 de marzo, Feminismo, Lenguaje, Política
in» … todas las instituciones del patriarcado están siendo mantenidas y afianzadas, con mucho respeto, por la izquierda»
elPeriódico.com
8 Mar 2009
Por Lidia Falcón
Mi deseo para este nuevo 8 de marzo sería que no se tomara el nombre del feminismo en vano. Desde hace más de una década, los ideólogos de la modernidad pretenden que las tendencias del pensamiento se vayan unificando, perdiendo los perfiles que las identificaban como de izquierdas y de derechas, y se acerquen hasta encontrarse en ese magma sin identificación que es el centro. Esta actuación en el terreno de la política ya es conocida por todos, pero apenas se ha informado de como ha influido en el feminismo. Habiendo casi desaparecido el movimiento feminista crítico con el poder, y ninguneadas las teorías feministas revolucionarias que se difundieron largamente en los años setenta y ochenta, convertidas en funcionarias muchas de las militantes que dirigieron en su juventud opciones contestatarias, lo que se identifica hoy mayoritariamente como feminismo es una suma de lugares comunes, más propios de los consejos de un consultorio sentimental radiofónico.
A esta confusión se ha sumado el oportunismo de la derecha, que, después de haber perseguido sañudamente cualquier pequeño atisbo de protesta de las mujeres, se sube ahora al carro del feminismo queriendo hacerse con los rendimientos que espera obtener de ello. La derecha pretende defender que sus políticas de inclusión de mujeres en las listas electorales y en puestos de responsabilidad corresponde a su propósito de igualar a la mujer y al hombre en todos los estamentos de la sociedad. Mientras tanto, allí donde gobierna reduce las inversiones en políticas sociales, elimina las medidas de protección de las mujeres, persigue todas las opciones sexuales que no sean la heterosexual y el matrimonio indisoluble y se muestra agresivamente contraria a la libertad de aborto. Así, ha sido posible incluso que se calificara de feminista a Sarah Palin, aquella señora –candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos con el senador John McCain, desaparecida tras la victoria de Barack Obama–, que constituye la encarnación más genuina del ideal reaccionario, o que las mujeres del PP aseguren que ellas son más feministas que nadie porque han alcanzado escaños en los parlamentos.
Pero estas falsificaciones son posibles cuando desde la izquierda ya no se defienden los principios transformadores de la sociedad que fueron la bandera del feminismo desde el siglo XVIII. Abandonada la crítica de las instituciones patriarcales como la familia y el matrimonio –uno de los grandes triunfos ha sido alcanzar el matrimonio de los homosexuales–, el feminismo dominante en los partidos de izquierda está manteniendo lo privado frente a lo público, lo individual frente a lo colectivo. Nuevamente, la derecha ha triunfado. Y no solo en lo económico, sino que lo ha hecho también, y siempre va unido, en lo ideológico. Los anhelos de los años setenta de construir una sociedad solidaria y altruista –la tercera enseña de la Revolución Francesa: la fraternidad, tan ignorada– se han abandonado con desprecio para defender el más viejo individualismo.
Olvidadas las demandas clásicas del amor libre –la enseña de Alejandra Kollöntai que, en 1905, reclamaba la sustitución del matrimonio y de la familia por «la unión libre de libres individuos»–, la socialización del trabajo doméstico, la responsabilidad colectiva en la educación y cuidado de los hijos incluso son anatemizadas por los que se proclaman «modernos». Modernidad que lleva a afianzar las más viejas y caducas instituciones: matrimonio –mayoritariamente religioso–, familia nuclear, educación privada o religiosa a través de la omnipresente cadena de centros religiosos de enseñanza concertada, responsabilidad individual en el cuidado de los niños: todas las instituciones del patriarcado están siendo mantenidas y afianzadas, con mucho respeto, por la izquierda. Y ¡ay de aquellos que pretendan escaparse de la férula del Estado patriarcal y capitalista! Serán castigados con los enormes recursos de que este dispone: penalizaciones económicas, marginaciones sociales y laborales… Al final, todos se someterán a las normas dominantes: homosexuales que se casan; familias unidas obligadas a procurarse subsistencia y vivienda por sus propios medios, sin apenas ayudas; pocos niños, pero embarazados y paridos según los obligados dictados de la naturaleza. El triunfo de la consigna más grata a la derecha: sálvese el que pueda, con un Estado que se inhibe de sus funciones protectoras, lo que, en definitiva, perjudica siempre al más débil.
Resumiendo: la preeminencia de lo privado sobre lo público. Incluso una de las reivindicaciones más emblemáticas del feminismo, el pacifismo, se ha retorcido hasta el punto de que las feministas acepten, algunas incluso entusiasmadas, la cada vez mayor participación de mujeres en el Ejército, la Guardia Civil y la Legión. Se aceptan las imitaciones, por parte de las mujeres, de las conductas más agresivas masculinas –boxeo, lucha libre, agresividad, acoso sexual–, considerando, según las normas del patriarcado, que el modelo masculino es el universal y, por tanto, el que hay que imitar. En definitiva, es imprescindible volver a establecer cuáles son los principios del feminismo.
06 sábado Dic 2008
Posted Entrevistas, General, Política
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Entrevista a Lidia Falcón publicada en la revista El Viejo Topo No. 241 en febrero de 2008.
13 jueves Nov 2008
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Público.es
11 Nov 2008
Por Lidia Falcón
Cuando César Falcón, mi padre –escritor, periodista, director del periódico del Partido Comunista Mundo Obrero y de la emisora de radio que retransmitía las crónicas de la guerra, Altavoz del Frente–, salió de España en marzo de 1939 huyendo de la persecución de las tropas franquistas para exiliarse en Francia y posteriormente en México, nunca creyó que jamás podría regresar a aquel país que había sido su patria durante 20 años y por cuyo progreso había luchado hasta el último minuto.
Cuando Carlota O’Neill de Lamo –hermana de mi madre, Enriqueta O’Neill–, esposa del capitán de aviación Virgilio Leret Ruiz, fue detenida en Melilla dos días después de que su marido fuese fusilado por las tropas facciosas que se habían alzado en armas contra el Gobierno de la República, nunca pudo imaginar que 72 años después, y en plena democracia española, no se habrían investigado y juzgado todavía los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura que encabezaba Franco. Tampoco hubiera podido imaginarlo cinco años más tarde, cuando salió de la prisión melillense, viuda, sin conocer siquiera la tumba de su marido, y recogió a sus dos hijas, María Gabriela y Carlota, de ocho y diez años, en el asilo de huérfanos de militares de Aranjuez.
Ni cuando tuvieron que exiliarse en Venezuela, ocho años más tarde, ni ella ni mi madre ni mi abuela, Regina de Lamo, pudieron imaginar, terminada la II Guerra Mundial y abandonada España por las potencias democráticas a los horrores de la dictadura, que en 2008 la Audiencia Nacional española, ya en democracia, impidiese que los descendientes de las víctimas buscasen los restos de sus antepasados, tirados en las cunetas de las carreteras y en las peñas de los montes, como si de perros abandonados se tratase.
Las décadas han transcurrido, indiferentes al sufrimiento de las víctimas de la represión franquista: 200.000 desaparecidos, 250.000 fusilados, 600.000 encarcelados, un millón de exilados (en proporción a su población, 22 millones de habitantes, España es el país con más pérdidas humanas derivadas de una guerra civil). Durante los interminables años de la dictadura, luchábamos por sobrevivir y acabar con aquel infame régimen que se prolongó más que ningún otro régimen fascista europeo, pero al fin conquistamos toda la democracia que nos dejaron, y desde entonces, otros 30 años más, estamos exigiendo que se reconozca la injusticia de los juicios espúreos que se celebraron manu militari y que acabaron con el fusilamiento o la prisión de miles de personas, por sus actividades políticas o sindicales. Que se investigue el paradero de los miles de desaparecidos, que se indemnice a las víctimas o a sus herederos.
Nada de esto se ha producido todavía, a pesar de la esforzada labor que durante 20 años han realizado particulares y asociaciones en reclamación de la verdad, de la justicia, de la dignidad. En este año 2008, el auto del juez Baltasar Garzón iniciando diligencias para investigar los crímenes del franquismo había dado un poco de esperanza a los solicitantes, pero los ilustres magistrados de la Audiencia Nacional, tan parecidos a aquellos que juzgaron la represión desde el Tribunal de Orden Público, se la han quitado. Los franquistas siguen rigiendo la justicia española.
En España, los franquistas, que siguen detentando los bienes de los que se apropiaron, continúan inundándonos con los mismos gritos destemplados de siempre, con su inaudita falsificación de la realidad, con sus burlas del genocidio que perpetraron, con su desprecio por los sufrimientos de un país que perdió en tres años el más consciente movimiento obrero, las mejores cabezas de la intelectualidad, la magistratura, el profesorado, la universidad, la investigación, los dirigentes sindicales y políticos, que fue sepultado en la miseria económica y moral durante medio siglo. Perdida la Guerra Civil, perdimos también la II Guerra Mundial, y por tanto nuestro destino no fue el de las potencias aliadas, pero tampoco el de la Italia fascista. Aquí quedamos los españoles hundidos en el pantano de corrupción y crimen de la dictadura, y después, cuando se celebró el nacimiento de una democracia modélica, y durante otros 30 años más, ni siquiera nos permitieron recordarlo. Por ello, la mayoría de los descendientes de las generaciones que la soportaron ignora la verdadera horrible realidad de aquella etapa.
Lo más demoledor de la historia española es que no solamente los herederos de los franquistas niegan la represión que ejerció su apreciado régimen, sino que los que no la vivieron directamente la minimizan. Las obras que se han publicado, las películas que se han filmado, los reportajes que se han realizado, no reflejan en todo su horror lo que fue la vida cotidiana, la lucha de los resistentes antifranquistas, la brutalidad y sordidez de las prisiones, la miseria del pueblo, los actos de tortura que se producían constantemente en las comisarías y cuarteles contra todo disidente o simplemente sospechoso. Porque los muertos no hablan, los exiliados lo hicieron allende los mares, los que quedaron aquí silenciados no pudieron dar testimonio de la profundidad de la destrucción de nuestra condición humana.
Por eso es posible que los que no se enteraron de la verdadera miseria de nuestra vida consideren que no vale la pena remover las historias del pasado, porque piensan que lo que no me ha pasado a mí no le ha pasado a nadie. Por eso es posible que sigan oyéndose todavía más altos los gritos fascistas que los de las víctimas.
Lidia Falcón es abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España
Ilustración de Iker Ayestaran